El saldo de los Certificados de Depósito Bancario (CDB) emitidos por el Banco Digimais, entidad vinculada al obispo Edir Macedo, fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, aumentó un 1.130 % en ocho años, alcanzando 1 530 millones de euros en 2025. Este crecimiento, impulsado por rentabilidades que llegaron al 140 % del CDI para captar inversores, es el foco de la investigación que llevó a la Policía Federal a ejecutar una operación contra la institución financiera el martes 23 de junio.
++ Sistema de IA muestra cómo las personas están creando contenido diario sin grabar vídeos
En 2017, el valor de la cartera de CDB del Digimais era de 125 millones de euros. Desde entonces, se registró un crecimiento anual constante hasta alcanzar los citados 1 530 millones de euros en 2025, según los estados financieros de la entidad analizados por este medio.
++ Joven mata al padrastro para defender a la madre y lo inesperado sucede
El Banco Digimais fue objeto de la Operación Miragem de la Policía Federal, que indaga posibles prácticas de gestión fraudulenta, inserción de datos falsos en informes contables y operaciones de crédito no autorizadas. Además de las órdenes de registro y allanamiento, la Justicia autorizó la intervención de los datos fiscales de 18 personas vinculadas con la operación y el bloqueo de bienes a nombre del obispo Edir Macedo.
En relación con los CDB, la investigación sugiere que el Digimais pudo haber utilizado el Fondo Garantidor de Créditos (FGC) como un “mecanismo de cobertura para fraudes”, de manera similar al modus operandi detectado en el caso del Banco Master, vinculado a Daniel Vorcaro. El FGC es un sistema de protección que garantiza a los depositantes el resguardo de sus inversiones, hasta un límite determinado, en caso de quiebra o insolvencia de la entidad emisora.
Según la representación de la PF, se produjo una transferencia deliberada de riesgo: los gestores captaban miles de millones de euros del público para sostener una operación deficitaria y, al final, trasladaban el perjuicio al FGC y, por extensión, al sistema financiero en su conjunto. “El aumento del volumen de captación no tenía respaldo en la capacidad patrimonial de la institución emisora, dependiendo de la expectativa de cobertura por parte del FGC. Esto demuestra que la dirección usó la garantía colectiva para obtener liquidez, ocultar pasivos y transferir el riesgo a la red de protección institucional”, señala el informe policial.
Con el objetivo de atraer inversores en un contexto de deterioro de sus indicadores financieros, el banco llegó a ofrecer remuneraciones muy superiores a la media del mercado. En 2025, el coste medio de captación a través de sus plataformas de distribución alcanzó el 115,7 % del CDI. El CDI (Certificado de Depósito Interbancario) es un índice de referencia que refleja el tipo de interés aplicado en las operaciones de préstamo entre bancos y que sirve de base para la remuneración de productos de renta fija, como los CDB.
Al mismo tiempo que aumentaba su captación de recursos y atraía miles de millones de euros, el Digimais registraba beneficios que ahora están siendo puestos en duda por los investigadores. Un documento interno de la propia entidad detalla la colaboración con seis intermediarios de inversión: XP Investimentos, BTG Pactual, Nu Invest, Itaú Corretora, Inter y Ágora.
Para ofrecer un contexto más amplio, los Certificados de Depósito Bancario (CDB) son títulos de renta fija emitidos por bancos que, a cambio de un plazo determinado de depósito, ofrecen un rendimiento predeterminado o vinculado a algún indicador de mercado, como el CDI. El atractivo de los CDB suele residir en su aparente seguridad y en la garantía de pago respaldada por el FGC, siempre que la entidad emisora cumpla con la normativa y mantenga saneados sus balances.
La Operación Miragem se enmarca en una serie de investigaciones recientes de la Policía Federal sobre prácticas financieras irregulares que ponen en riesgo la estabilidad del sistema y la protección de los inversores minoristas. Este tipo de operaciones muestra la creciente preocupación de las autoridades por evitar el uso indebido de mecanismos de garantía colectiva en beneficio de estructuras empresariales con problemas de liquidez.
