Paulo José Rodrigues de Freitas, de 65 años y conocido como el “Rey de la Mafia de los Fiscales”, fue detenido en la tarde del viernes 26 de junio en la ciudad de Mairiporã, ubicada en la región metropolitana de São Paulo. El exauditor fiscal de la Prefeitura de São Paulo fue arrestado por agentes de la Policía Militar (PM) tras un operativo realizado en un evento público celebrado en la Avenida Leonor de Oliveira, en el centro del municipio.
Según informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de São Paulo, una denuncia anónima permitió descubrir la existencia de un mandado de prisión preventiva contra él por delitos de lavado de dinero y corrupción. Las fuerzas de seguridad señalan que se trata de un caso de reincidencia: Paulo José Rodrigues ya había sido investigado y condenado con anterioridad por cometer los mismos delitos, y cuenta actualmente con un patrimonio estimado en unos 13,7 millones de euros, equivalente a 76 millones de reales brasileños.
En 2025, el Tribunal de Justicia de São Paulo (TJSP) dictó una sentencia que obligaba al exauditor a devolver 79 millones de reales (aproximadamente 14,2 millones de euros) en bienes producto de lo que se consideró una clara improbidad administrativa. Esta decisión judicial se basó en la denuncia presentada en 2015 por el Ministerio Público de São Paulo (MPSP), que acusó a Rodrigues de integrar un esquema de cobro de sobornos y desviación de recursos entre 1998 y 2013.
Los bienes incautados incluían cerca de 65 millones de reales (unos 11,7 millones de euros) invertidos en propiedades inmobiliarias y 14 millones de reales (en torno a 2,5 millones de euros) depositados en cuentas bancarias. Junto a la restitución de estos activos, la sentencia impuso una multa civil, la suspensión de los derechos políticos durante ocho años y la prohibición de contratar con la administración pública o recibir beneficios fiscales, ya sea a título personal o a través de sociedades donde mantuviera participación mayoritaria, también por el mismo período.
El expediente del caso quedó a cargo de la 13.ª Vara de la Fazenda Pública de São Paulo. En la sentencia, la magistrada Luiza Barros Rozas Verotti señaló que el acusado “omitió bienes en sus declaraciones tanto a la Receita Federal como a la Prefeitura del municipio de São Paulo” y enfatizó que las conductas delictivas “fueron adoptadas de forma dolosa y premeditada, sin margen de duda sobre su inconstitucionalidad e ilegalidad”.
El origen del escándalo, conocido como la “Máfia del ISS” (Impuesto sobre Servicios), se remonta a 2013, cuando se reveló que un grupo de auditores fiscales de la Prefeitura —entre ellos, el propio Freitas— había cobrado sistemáticamente sobornos a constructoras a cambio de reducir de manera ilícita la carga tributaria aplicada a proyectos inmobiliarios. El ISS es un tributo municipal fundamental para las arcas de las ciudades brasileñas, pues grava la prestación de servicios y representa una parte importante de los ingresos locales.
La operación puso de manifiesto la vulnerabilidad de los procedimientos internos de fiscalización y la falta de controles eficaces para prevenir la colusión entre funcionarios y sector privado. Desde entonces, las autoridades han reforzado las auditorías internas, establecido equipos especializados de inteligencia tributaria y promovido convenios de cooperación con organismos federales para supervisar con mayor rigor la recaudación del ISS en los principales municipios del país.
Tras su detención, Paulo José Rodrigues de Freitas fue conducido a la cárcel pública de Mairiporã, donde permanecerá a la espera de los próximos trámites procesales. El caso refuerza la atención sobre la lucha contra la corrupción en la administración tributaria y destaca la actuación de la Justicia en la recuperación de activos mal habidos, así como la imposición de sanciones que buscan disuadir prácticas corruptas en el servicio público.
