Antes de ser ejecutado en el Aeropuerto Internacional de São Paulo, en Guarulhos, Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, agente inmobiliario acusado de blanquear dinero para el Primeiro Comando da Capital (PCC), relató a fiscales del Ministerio Público de São Paulo (MPSP) que vivía bajo un temor constante, inseguridad y continuos trastornos tras convertirse en objetivo tanto de la facción criminal como de policías civiles señalados por corrupción. Durante esa fase, se le sugirió ingresar en el Provita —un programa de protección a víctimas y testigos en Brasil—, pero Gritzbach declinó la propuesta.
En un vídeo inédito al que tuvo acceso este medio, Gritzbach aparece en una mesa de negociación con el Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco), responsable de las investigaciones contra el PCC. Allí, el agente inmobiliario dejó claro que su intención no era reducir el pacto de colaboración a una mera transacción, sino recuperar su reputación y honor tras verse acusado de diversos delitos.
La delación premiada de Gritzbach fue homologada por la Justicia en abril de 2024 y, apenas siete meses después, en noviembre, fue asesinado. El PCC es considerado una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil, dedicada al tráfico de drogas, extorsión y lavado de activos. El Gaeco, por su parte, es un órgano especializado dentro del Ministerio Público paulista encargado de perseguir estas estructuras.
Según su propio testimonio, en enero de 2022 fue secuestrado y conducido a un “tribunal del crimen” interno del PCC, tras ser señalado por la supuesta implicación en los asesinatos de Anselmo Becheli Santa Fausta, alias Cara Preta, y Antônio Corona Neto, conocido como Sem Sangue, ambos muertos en diciembre de 2021. Durante ese juicio paralelo, Gritzbach negó apropiarse de los fondos y aseguró no haber tenido control de las operaciones financieras atribuidas a la figura de Cara Preta.
Posteriormente, denunció que fue extorsionado por agentes del Departamento de Homicidios y Protección a la Persona (DHPP). Según su versión, esos policías civiles le exigieron entre 30 millones y 40 millones de reales brasileños —aproximadamente entre 5,4 y 7,2 millones de euros— para alivianar su situación en la investigación sobre el doble homicidio. Además, relató que se quedaron con un sitio en Biritiba Mirim, en el extrarradio de São Paulo, y con relojes de lujo que habían sido decomisados sin el debido registro.
Para respaldar sus acusaciones, Gritzbach entregó al MPSP audios, documentos, contratos y comprobantes que, en su opinión, demostraban la implicación de esos policías en hechos de corrupción y lavado de activos. En su última conversación con los fiscales, volvió a poner el foco en su seguridad personal: tras salir de prisión en junio de 2023, dijo estar intentando retomar su actividad empresarial y recuperando la confianza de otros empresarios.
Sin embargo, relató que un incidente ocurrido la noche de Navidad de 2023, cuando sufrió un intento de homicidio en la terraza de su apartamento en el Jardín Anália Franco —una zona acomodada del este de la capital paulista— volvió a sumirle en el pánico. Aunque nadie resultó herido, Gritzbach reconoció que volvió a tomar medicación para el estrés y manifestó su preocupación por la integridad de su familia.
Durante esa última reunión, los fiscales volvieron a recomendar su inclusión en el Provita, pero él lo rechazó con el argumento de que el programa “no encajaba en su estilo de vida”. Insistió en que necesitaba recursos propios para financiar su seguridad privada y resolver pendientes de su proceso de separación, reparto de bienes y creación de un fondo que le permitiera garantizar protección continua.
En lo relativo al homicidio de Cara Preta y Sem Sangue, Gritzbach advirtió que permanecería en un “límite jurídico” puesto que su acuerdo cubría blanqueo de capitales, corrupción policial y vínculos con el PCC, pero no respondía directamente por esos asesinatos. Los fiscales le aclararon que no podían interferir en la pesquisa del DHPP, aunque la colaboración podría servir como base para informes internos en la Corregiduría de la Policía Civil.
Meses después de exponer estas circunstancias, Gritzbach fue ejecutado a tiros en uno de los puntos más concurridos del país. Las autoridades acusan a varios policías militares de participaran en el crimen. El juicio previsto para la semana pasada fue aplazado por discrepancias entre la defensa y la fiscalía, y el Tribunal de Justicia de São Paulo fijó una nueva audiencia para febrero de 2027.
