Virginia Fonseca se defiende en acción civil del MPDFT por promoción de plataforma de apuestas (Foto: Instagram)
Virginia Fonseca se ha convertido en objeto de una acción civil pública presentada por el Ministerio Público del Distrito Federal y Territorios (MPDFT), que apunta a supuestas prácticas abusivas en la promoción de una plataforma de apuestas. El equipo de la influencer ha emitido un comunicado para aclarar su posición respecto al proceso.
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En un comunicado dirigido al columnista de Metrópoles, la defensa de Virginia Fonseca señaló que tuvo conocimiento de la acción únicamente a través de informaciones publicadas en los medios de comunicación y manifestó su intención de responder de manera técnica y detallada en el expediente judicial correspondiente.
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Los abogados de la influencer argumentan que la demanda inicial reconoce la existencia de diligencias pendientes, como la solicitud de contratos y otros documentos indispensables para esclarecer los hechos. Según su versión, esos papeles son fundamentales para determinar “la naturaleza del vínculo, la forma de remuneración y los límites de la actuación publicitaria de Virginia Fonseca”.
Los representantes legales sostienen que el MPDFT podría haber esperado a la conclusión de estas investigaciones preliminares antes de iniciar la acción civil. Asimismo, rechazan las acusaciones de presunta connivencia con la empresa de apuestas o de intenciones de causar perjuicios a los consumidores.
La defensa subraya que la responsabilidad civil debe fundamentarse en pruebas concretas, y no en “presunciones o conjeturas derivadas de la condición de figura pública de la influencer”. Estiman que a lo largo del proceso podrán demostrar la improcedencia de las pretensiones formuladas por el Ministerio Público.
La acción civil pública fue presentada el miércoles 8 de julio por el MPDFT contra Virginia Fonseca y la empresa Blaze. El organismo acusa a la plataforma de apuestas de retener fondos de los usuarios, bloquear cuentas de forma arbitraria e imponer metas de juego aparentemente inalcanzables. Además, menciona la recepción de denuncias de consumidores y se apoya en un informe técnico que agrupa más de 42.000 reclamaciones contra la compañía.
En la demanda se solicita el pago de una indemnización por daños morales colectivos de, al menos, 120 millones de reales brasileños, cifra que equivale aproximadamente a 21,6 millones de euros. La pretensión busca reparar el perjuicio causado a un conjunto de usuarios que habrían resultado afectados por las prácticas denunciadas.
Blaze ha informado de que aún no ha sido notificada formalmente y ha reafirmado su compromiso con la transparencia y el estricto cumplimiento de la legislación vigente en Brasil. La empresa añadió que colaborará con la justicia para aclarar cualquier cuestión relacionada con las reclamaciones recibidas.
El MPDFT, creado para defender el interés público, emplea la acción civil pública como herramienta procesal. Este mecanismo permite al Ministerio Público proteger derechos difusos y colectivos, como los derechos de los consumidores, el medio ambiente y el patrimonio cultural. Las reclamaciones incluyen prácticas contractuales abusivas y la vulneración de protocolos de información en materia de publicidad de juegos de azar.
En los últimos años, diversas figuras públicas e influencers han sido señaladas por promover plataformas de apuestas en redes sociales sin advertir de los riesgos inherentes al juego compulsivo. La legislación brasileña exige que toda promoción de actividades de azar incluya cláusulas informativas sobre las probabilidades de pérdida y advertencias sobre las posibilidades de adicción. El incumplimiento de estos requisitos puede dar lugar a sanciones civiles y administrativas.
La acción presentada por el MPDFT se someterá ahora al análisis de los tribunales competentes, que deberán evaluar la validez de los argumentos expuestos, la eventual responsabilidad de las partes y la procedencia de las indemnizaciones solicitadas. En Brasil, las acciones civiles públicas de esta naturaleza suelen prolongarse durante meses, incluyendo fases de presentación de pruebas, audiencias y posibles apelaciones.
