El Ministerio Público del Distrito Federal (MPDFT) inició un inquérito civil para investigar la legalidad y la conformidad del contrato de suministro de utensilios para el Programa de Alimentación Escolar del Distrito Federal (PAE-DF). La portaría que autoriza dicha investigación se publicó en la edición del Diário Oficial da União de este jueves 9 de julio.
La medida se adoptó aproximadamente dos meses después de que la Secretaría de Educación del Distrito Federal (SEE-DF) suspendiera los pagos vinculados al contrato, cuyo importe total asciende a R$ 98.461.587,80 (aproximadamente 18,94 millones de euros). La suspensión se decidió a raíz de la posible existencia de un conflicto de intereses, dado que Luana Vanessa Duarte, entonces responsable de fiscalizar el contrato, mantenía un vínculo personal con un representante de la empresa adjudicataria.
Según informó la propia SEE-DF en un comunicado oficial, tan pronto como tuvo constancia de los hechos se pusieron en marcha todas las acciones administrativas necesarias. “Se inició una auditoría para examinar los hechos, con la apertura de expedientes individuales en el Sistema Eletrónico de Informaciones (SEI) para cada una de las escuelas que recibieron los utensilios, con el fin de verificar la recepción de los materiales, su correcto uso y la posible existencia de irregularidades”, destaca la nota.
El SEI es una plataforma digital utilizada por el Gobierno del Distrito Federal para gestionar procesos administrativos con total transparencia, permitiendo el registro cronológico de documentos, comprobantes de entrega y actas de recepción. Este sistema facilita el seguimiento de la ejecución contractual y el acceso público a la información, una práctica recomendada en los procesos de contratación pública para garantizar la buena gestión y prevenir desvíos de recursos.
De acuerdo con la SEE-DF, Luana Vanessa Duarte solicitó el 16 de mayo la dispensa de la función de fiscal del contrato, así como la exoneración de su cargo comisionado como gerente de la Gerencia de Monitoreo de la Alimentación Escolar (GEMAE). Dos días más tarde, el 18 de mayo, la secretaría decretó la suspensión cautelar de los pagos relacionados con la empresa HD Empreendimentos Ltda. y encargó una auditoría técnica completa sobre la ejecución del contrato, revisando atestados de obra, facturas y comprobantes de pago.
El contrato original, suscrito en noviembre de 2025, estableció un suministro total de más de 455.000 kits de utensilios destinados a las escuelas públicas del Distrito Federal. Hasta la fecha se han entregado 150.000 kits a 461 centros educativos. De ese total, 125.000 kits ya fueron abonados por un importe de R$ 27.089.860 (aproximadamente 5,21 millones de euros), mientras que los 25.000 kits restantes aguardan la conclusión de la auditoría y los procesos de verificación previos a la liberación del pago.
Este tipo de programas de alimentación escolar tiene como objetivo garantizar que el alumnado de la red pública reciba, de forma regular, los recursos necesarios para la preparación de comidas equilibradas en los comedores escolares. En Brasil, las normas que regulan el Programa de Alimentación Escolar están previstas en la Ley nº 11.947/2009, que establece criterios de nutrición, licitaciones públicas y controles internos para asegurar la correcta aplicación de los recursos federales, estatales y distritales.
El rol del Ministerio Público en Brasil incluye la fiscalización del cumplimiento de las leyes y la defensa del patrimonio público. Un inquérito civil, como el abierto en este caso, busca recopilar pruebas, interrogar a testigos y solicitar documentos a fin de verificar la existencia de eventuales ilícitos o irregularidades en la contratación. En función de los resultados, el MPDFT podrá recomendar sanciones administrativas, exigir la reparación de los daños o remitir el caso a la esfera penal si se detectan indicios de delito.
La investigación en curso forma parte de un esfuerzo más amplio por reforzar la transparencia en los contratos públicos del Distrito Federal y prevenir prácticas de corrupción o favoritismo. Hasta el momento, ni la servidora involucrada ni la empresa HD Empreendimentos Ltda. han aportado declaraciones públicas a los medios, y se desconoce si presentarán recursos o apelaciones contra las medidas cautelares adoptadas.
