La Policía Civil de Brasil detuvo de forma preventiva el jueves 9 de julio a Mayanna Angelina Rodgers, madre de Oliver Golden Grayson, un niño de 3 años que falleció tras sufrir presuntas agresiones a manos de su padre, Dandre Jermaine Grayson, en la ciudad de Viamão, situada en la Región Metropolitana de Porto Alegre. La medida cautelar de prisión preventiva se fundamenta en el delito de omisión de socorro, dada la presunta inacción de la progenitora frente al grave estado de salud del menor.
Oliver presentó muerte cerebral en la madrugada del mismo jueves 8 de julio, mientras permanecía ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica del Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre. Conforme al protocolo de donación de órganos vigente en Brasil, y con la autorización de la madre, en la mañana de ese día se procedió a la extracción de tejidos y vísceras del menor para trasplante, siguiendo los criterios clínicos que confirman la irreversibilidad del daño neurológico.
El padre del pequeño, misionero y ciudadano de Estados Unidos, permanece recluido bajo prisión preventiva desde el domingo 5 de julio. Durante su declaración ante la Policía Civil, Dandre Jermaine Grayson admitió haber agredido a su hijo con puñetazos y haber estrellado la cabeza del niño contra el suelo después de que este no le dijera “buenos días”. La confesión generó conmoción y fue determinante para la adopción de las medidas judiciales.
Antes de la detención de Mayanna, los investigadores habían indagado la posibilidad de que ella misma fuera víctima de violencia doméstica. De hecho, la Fiscalía llegó a solicitar una medida protectora en su favor durante el curso de la pesquisa, atendiendo a los indicios de maltrato físico y psíquico que la mujer habría sufrido en el ámbito familiar. En su defensa formal, los abogados de Mayanna sostienen que ella “es víctima y se encontraba en estado de grave vulnerabilidad en un contexto de violencia doméstica, física, emocional y espiritual”, por lo que también habría actuado bajo coacción y miedo.
La familia llevaba residiendo en Brasil desde hacía nueve años y se había establecido en el distrito de Águas Claras, en Viamão, aproximadamente seis meses antes del incidente. Los otros cuatro hijos de la pareja, con edades comprendidas entre uno y nueve años, han sido derivados a centros de acogida institucional por orden del Consejo Tutelar, entidad encargada de garantizar la protección integral de los menores. Este tipo de remisión a la atención especializada se aplica de manera provisional mientras se clarifica la situación legal y se evalúa la idoneidad de la familia como entorno protector.
Paralelamente, la Policía Civil investiga denuncias de supuestas agresiones previas contra los tres hijos mayores de la familia en otros dos estados brasileños. Estos antecedentes, en caso de confirmarse, podrían agravar las responsabilidades de los progenitores y fundamentar nuevas acciones penales en diferentes jurisdicciones. Las pesquisas involucran la revisión de registros en delegaciones anteriores, así como entrevistas con testigos y profesionales que atendieron posibles incidentes de violencia.
En Brasil, la prisión preventiva es una medida excepcional que requiere la presencia de indicios razonables de autoría y peligro procesal, como riesgo de fuga, obstrucción de la justicia o reincidencia. La orden dictada por el juez se mantiene mientras dure la instrucción del caso o hasta que se acumulen suficientes pruebas para dictar un auto de apertura de juicio. Asimismo, las autoridades de salud y protección infantil colaboran para asegurar el bienestar de los menores implicados y evaluar el seguimiento psicosocial de los hermanos de Oliver.
