El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), se manifestó este sábado 11 de julio en contra de la decisión del ministro Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF), que ordenó el bloqueo de más de 119 millones de reales (aprox. 21,4 millones de euros) en enmiendas parlamentarias. Según la resolución, esos montos habrían sido indicados de manera irregular por el presidente nacional del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto.
En un comunicado a la prensa, Motta expresó su “inconformismo” con lo que considera una “intervención judicial indebida en el mérito de una actividad típica del Parlamento”. El dirigente argumenta que la decisión del ministro Dino no señala desvío, abuso ni uso inapropiado de fondos públicos, limitándose a “inferencias e intentos de criminalizar la actividad política”.
El diputado también calificó de inaceptable el bloqueo de las enmiendas, subrayando que los recursos están “en plena conformidad con el marco normativo vigente y con los compromisos institucionales firmados entre el Ejecutivo y el Legislativo ante la propia Corte Constitucional”. “Resulta inaceptable, habida cuenta de que la asignación de las enmiendas cumple plenamente con la normativa vigente y con los compromisos institucionales suscritos ante el tribunal”, añadió.
La orden de bloqueo fue dictada el viernes 10 de julio, cuando Flávio Dino dispuso la retención de los recursos y la suspensión de 21 enmiendas parlamentarias que, según una investigación de la Policía Federal (PF), habrían sido indicadas de forma irregular por Valdemar Costa Neto.
De acuerdo con la PF, existía una estructura “informal” en la Cámara de Diputados que permitía al dirigente partidario destinar enmiendas aun sin contar con un mandato parlamentario. La pesquisa sugiere que Valdemar utilizaba servidores de la institución para operacionalizar la destinación de los fondos públicos.
El ministro Flávio Dino afirma que hay indicios de que tres empleados de la Cámara “concurrieron al aparente desvío”. Los mensajes obtenidos —apunta la investigación— revelan “claras maniobras” para reubicar enmiendas en función de las orientaciones de Valdemar, en un “evidente desvío de finalidad”.
Para la Policía Federal, esos funcionarios estaban “plenamente al tanto de la clandestinidad de esa actuación” y participaron en una “gestión irregular conjunta” de las enmiendas.
QUIÉNES SON LOS FUNCIONARIOS CITADOS EN LA INVESTIGACIÓN
• Mariângela Fialek, conocida como Tuca, asesora de la Presidencia de la Cámara. Está acusada de tramitar enmiendas parlamentarias desde la gestión de Arthur Lira (PP-AL) y se mantuvo en el puesto bajo la presidencia de Hugo Motta.
• Nara Benedetti Nicolau Brum, adscrita a la bancada del PL, presuntamente encargada de elaborar planillas y solicitar ajustes en las indicaciones.
• Garigham Amarante Pinto, ubicado en la bancada de la oposición, señalado como intermediario de Valdemar en la negociación y la orientación para la asignación de los recursos.
En la nota divulgada el sábado, Hugo Motta defendió a los servidores de la Cámara y afirmó confiar en la labor de los equipos técnicos de la institución. Según el texto, no existe irregularidad en que los asesores operacionalicen las indicaciones de enmiendas conforme a las directrices de los parlamentarios y de las bancadas.
“La Presidencia de la Cámara reitera, además, su confianza en el trabajo de sus funcionarios. La autorización conferida por los parlamentarios para que los equipos que los asisten operacionalicen las indicaciones según la orientación de la dirección partidaria forma parte de la normalidad del funcionamiento administrativo del mandato y no traduce ninguna irregularidad”, declaró el presidente de la Cámara.
El diputado paraibano concluyó afirmando que la Cámara “seguirá conduciendo sus actividades con transparencia, respeto al orden jurídico y plena independencia del Poder Legislativo”.
Contexto: En Brasil, las enmiendas parlamentarias son instrumentos presupuestarios que permiten a los legisladores asignar partidas de recursos federales a proyectos y programas en sus circunscripciones. Estas enmiendas requieren coordinación entre el Poder Ejecutivo, encargado de ejecutar los recursos, y el Poder Legislativo, que las propone. El Supremo Tribunal Federal —máxima corte del país— tiene la facultad de fiscalizar la legalidad de dichas propuestas y, en casos excepcionales, ordenar el bloqueo de fondos que pudieran resultar de irregularidades o violaciones a la legislación vigente.
