Belo Horizonte – El diputado federal Rogério Correia (PT-MG) ha presentado este martes 14 de julio una representación ante la Procuraduría Regional Electoral de Minas Gerais para que se inicie un inquérito electoral contra el ex presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha (Republicanos-MG), por presunto abuso de poder económico y político.
Las quejas se fundamentan en la investigación de la Policía Federal relacionada con 29 enmiendas parlamentarias en el área de la salud que Cunha habría destinado a municipios de Minas Gerais, pese a no ocupar un cargo en la Legislatura desde hace años, requisito indispensable para la asignación de recursos. Según la normativa electoral brasileña, solo los parlamentarios con mandato vigente pueden proponer e incluir enmiendas al presupuesto público, un mecanismo que sirve para canalizar inversiones a intereses locales.
Además, el diputado Correia subraya que Eduardo Cunha habría utilizado una de las emisoras de radio que fundó en el estado, registrada oficialmente a nombre de su yerno, Daniel Cardoso, casado con la diputada federal Dani Cunha (PL-RJ), para emitir en exclusiva una entrevista con el senador y precandidato a la Presidencia de la República, Flávio Bolsonaro (PL). Según la denuncia, esta señal mediática no se habría ofrecido a otros precandidatos en igualdad de condiciones, lo que podría infringir los principios de proporcionalidad y equidad en el tiempo de difusión de propaganda política.
“Utilizar una estructura de comunicación empresarial de nueva creación, canalizar recursos públicos sin ostentar mandato y acercarse estratégicamente a líderes religiosos y políticos demuestra un proyecto electoral que no respeta la igualdad de condiciones entre los candidatos”, afirma el texto de la representación presentada por Correia.
La Procuraduría Regional Electoral (PRE) es el órgano del Ministerio Público que, en cada estado de Brasil, vela por la observancia de la legislación electoral y puede proponer investigaciones, abrir inquéritos y, eventualmente, presentar acciones ante la Justicia Electoral. En este caso, si la PRE de Minas Gerais considera que la denuncia contiene elementos suficientes, dará inicio a un inquérito para recabar pruebas y determinar si existió realmente abuso de poder político y económico.
La figura del abuso de poder económico y político está contemplada en la Ley nº 9.504/1997 (Ley de Elecciones) y en el Código Electoral brasileño. Dicha ley establece sanciones que pueden ir desde multas hasta la impugnación de candidaturas e, incluso, la cassación de mandatos en caso de comprobarse la práctica de irregularidades que comprometan la igualdad de oportunidades en los procesos electorales.
Eduardo Cunha ocupó la presidencia de la Cámara de Diputados entre febrero de 2015 y julio de 2016, cuando fue destituido y posteriormente condenado por delitos de corrupción en el marco de la operación Lava Jato. Tras perder su escaño, no ha ejercido cargo público alguno, lo que hace aún más relevante la investigación sobre las enmiendas que se le atribuyen. La expectativa gira ahora en torno a las diligencias que ordene la PRE y, en última instancia, la posible intervención del Tribunal Superior Electoral (TSE) si la disputa por la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro se ve afectada por esta decisión.
En los próximos días, la Procuraduría Regional Electoral de Minas Gerais deberá decidir si admite la representación de Rogério Correia, tras lo cual podrá requerir información al Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), a la Secretaría de la Cámara de Diputados y a la Policía Federal, entre otros, para sustentar la apertura formal del inquérito. De confirmarse las irregularidades, el caso podría marcar un precedente sobre la fiscalización de enmiendas parlamentarias y el uso de medios de comunicación vinculados a intereses políticos durante los comicios.
