La técnica de enfermería Auricélia de Sousa Rocha, detenida tras intentar sustraer a una recién nacida de la Maternidad Dona Evangelina Rosa, en Teresina (Piauí, Brasil), tenía preparado un cuarto en su propia vivienda con todo lo necesario para acoger a un bebé. Según informó la Policía Civil, al inspeccionar la residencia de la sospechosa encontraron un dormitorio equipado con cuna, bañera, pañales y ropa infantil, lo que evidenció una planificación previa al presunto delito.
De acuerdo con las declaraciones del delegado Hugo Alcântara, los investigadores hallaron estos objetos durante las diligencias realizadas tras la detención de Auricélia. Además, la investigación reveló que algunos familiares de la técnica de enfermería estaban convencidos de que ella estaba embarazada, pese a que no presentó prueba alguna —como ecografías o análisis de sangre— que corroboraran la gestación.
La Maternidad Dona Evangelina Rosa es uno de los mayores centros de atención maternoinfantil del norte de Brasil. Cada año atiende a miles de partos y cuenta con protocolos de seguridad para evitar la sustracción de recién nacidos, un delito que, aunque poco habitual en Brasil, genera gran preocupación en cualquier sistema sanitario. Entre las medidas más comunes figuran la identificación con pulseras, cámaras de seguridad en pasillos y controles de acceso restringido al área de neonatología.
La detención de Auricélia se produjo cuando intentaba abandonar la maternidad con una bebé recién nacida. La denuncia partió de la propia familia de la menor. Daniela Beatriz, tía de la pequeña, relató que acompañaba a su hermana tras el parto cuando una mujer, con indumentaria muy similar a la del personal hospitalario, se ofreció a realizarle los exámenes del “teste de orelhinha” y del “teste do pezinho” a la bebé.
Según el testimonio de Daniela, la sospechosa lo hizo con aparente naturalidad: “Me indicó que esperara fuera de la habitación en un pequeño banco mientras ella entraba con la niña. Tenía una bolsa grande de color negro colgada al hombro. Al entregársela, sentí algo extraño, pero no sospeché al principio”. Poco después, Daniela observó que la mujer estaba saliendo del centro con ropa distinta —cubriéndose con un abrigo y usando gafas— y al forcejear con la bolsa descubrió a la bebé, que permanecía en silencio dentro.
En su declaración ante la Policía Civil, Auricélia optó por ejercer su derecho a guardar silencio. La defensa de la investigada emitió un comunicado en el que señala que la enfermera padece síntomas esquizofrénicos, está bajo tratamiento con fármacos psiquiátricos y sufre un compromiso de juicio crítico que le impediría entender la gravedad de los hechos.
Sin embargo, el delegado responsable indicó que, hasta el momento, la investigación descarta la inimputabilidad por enfermedad mental y sostiene que la sospechosa actuó en solitario. De confirmarse los cargos, podría enfrentarse a penas severas por el delito de sustracción de menores, tipificado en el Código Penal brasileño, que contempla desde multas hasta privación de libertad.
Ante incidentes de esta naturaleza, los hospitales suelen reforzar sus protocolos de identificación y custodia de recién nacidos. Además de la pulsera de identificación que se coloca al nacer, muchos centros emplean brazaletes electrónicos y cámaras de circuito cerrado para prevenir posibles robos o intercambios de bebés. En Brasil, aunque las estadísticas oficiales de sustracción de menores en hospitales son reducidas, cada caso activa un dispositivo de alerta nacional y conlleva la apertura de una investigación inmediata.
El rol de una técnica de enfermería, en particular, es asistir al personal de enfermería y garantizar el bienestar de madres y recién nacidos, bajo supervisión de enfermeros titulados. Las atribuciones incluyen la medición de constantes vitales, la realización de tareas de higiene y la ayuda en procedimientos básicos de neonatología, pero jamás autorizan a retirar a un bebé de la unidad sin el consentimiento explícito del equipo médico y de la familia.
La sustracción de un recién nacido no solo afecta el ámbito legal, sino que genera un profundo impacto psicológico en las familias y el propio personal sanitario. Por ello, las autoridades sanitarias y policiales colaboran estrechamente para mantener los estándares de seguridad y responder con rapidez ante cualquier señal de alarma.
