En una investigación que resultó en el indiciamiento de 48 personas por su presunta participación en fraudes en el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS), la Policía Federal (PF) informó que el senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) habría sostenido un encuentro en 2023 con el presidente de una entidad sospechosa de pertenecer al esquema fraudulento, para discutir la nominación de la presidencia del organismo. El senador no fue indiciado y niega haber asistido a dicha reunión, asegurando además que desconocía a la persona mencionada por la PF.
Según el informe de la PF, la reunión habría tenido lugar el 1 de febrero de 2023, día en que Pacheco fue elegido presidente del Senado de la República. Mensajes obtenidos durante las diligencias apuntan a que Carlos Lopes, titular de la Confederación Nacional de Agricultores Familiares y Emprendedores Familiares Rurales (Conafer), se habría reunido con Pacheco para tratar la designación del presidente del INSS. Esta entidad, la Conafer, es señalada por las autoridades como supuesta organizadora de descuentos irregulares en las cuotas de afiliación de jubilados y pensionistas.
En un comunicado oficial, el senador Pacheco desmintió categóricamente la versión de la PF: “No conozco y nunca estuve con el señor Carlos Lopes ni con la señora Bruna Braz. Jamás me reuní para tratar la indicación de la persona de Glauco André Fonseca Wamburg quien, por cierto, ni siquiera sabía que había sido presidente del INSS. Tampoco he realizado ninguna sugerencia para cargos en el INSS y no conozco a sus directores ni exdirectores”, subrayó.
Pacheco añadió que parece tratarse de un error de información que “confundió la noticia de mi elección como presidente del Senado, un hecho de relevancia nacional mencionado por un ciudadano de Minas Gerais, con otros asuntos que no me conciernen. La referencia a un supuesto ‘encuentro con ellos’ de ninguna manera incluye mi participación”.
Carlos Lopes es señalado por la PF como figura central del presunto esquema de fraudes contra asegurados del INSS, que habría aplicado descuentos ilegales. De acuerdo con las pesquisas, habría pagado 14,7 millones de reales brasileños (aprox. 2,6 millones de euros) en sobornos al diputado federal Euclydes Pettersen, líder del partido Republicanos en Minas Gerais, para ganar acceso a políticos de alto nivel, entre ellos Pacheco.
El diputado Euclydes Pettersen, por su parte, también figura entre los indiciados. La PF lo considera pieza clave en la articulación parlamentaria del caso. Pettersen negó cualquier implicación y afirmó: “No he participado en los hechos investigados en la Operación Sem Descuento y nunca he propuesto a nadie para cargos en el INSS. El indiciamiento es un acto unilateral de la autoridad policial; cierra una investigación, pero no equivale a una acusación formal. No hay denuncia, ni acción penal, ni juicio”.
El organismo objeto de la polémica, el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS), es el encargado en Brasil de administrar las prestaciones de jubilación, pensión y otros beneficios de la seguridad social. Con más de 30 000 servidores en todo el país, sus arcas recaudan cotizaciones de trabajadores y empleadores para garantizar protección a millones de beneficiarios.
La Policía Federal es el cuerpo responsable de investigar delitos federales, incluyendo aquellos relacionados con la administración pública y la corrupción. En colaboración con la Controladoria-Geral de la Unión (CGU), la PF puede abrir inquéritos basados en reportes periodísticos y auditorías internas. En este caso, una serie de 38 reportajes del portal Metrópoles, publicada entre diciembre de 2023 y principios de 2024, reveló un aumento de los ingresos de entidades beneficiarias mediante descuentos a pensionistas que superó los 2 000 millones de reales brasileños (aprox. 360 millones de euros) en un año. Estos informes dieron pie a la Operación Sem Desconto, deflagrada el 23 de abril, que culminó con la destitución del entonces presidente del INSS y del ministro de la Seguridad Social.
A lo largo de este procedimiento, la PF ha recabado documentos, interceptaciones y testimonios que permitirían comprobar un esquema de cobros indebidos a jubilados, presuntas coimas y tráfico de influencia. Sin embargo, el hecho de que un indiciamiento no suponga acusación definitiva implica que los investigados aún pueden presentar pruebas y solicitar el derecho al contradicción antes de que avance un proceso penal.
