La Policía Federal (PF) reveló que parte de los recursos desviados de jubilados y pensionistas del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) se emplearon para sufragar gastos personales de implicados en el esquema investigado en la Operación Sin Descuento.
Entre los desembolsos identificados figura una cirugía plástica por valor de 27.000 reales brasileños (unos €4.860), realizada por Bruna Braz de Souza Santos, esposa del presidente de la Confederación Nacional de Agricultores Familiares y Emprendedores Familiares Rurales (Conafer), Carlos Roberto Ferreira Lopes.
El informe final de la investigación sobre el núcleo de la Conafer indica que el procedimiento fue costeado por la empresa Santos Consultoria, que, según la pesquisa, es una de las personas jurídicas empleadas para movilizar fondos del grupo. La PF sostiene que esta compañía está controlada por el operador financiero Cícero Marcelino de Souza Santos.
Las conclusiones de los agentes se basan en mensajes hallados en los teléfonos móviles de los implicados. En una conversación del 16 de noviembre de 2021, la secretaria del médico responsable de la operación envía datos del procedimiento a Bruna, quien a su vez remite un justificante de pago por 27.000 reales (unos €4.860), presuntamente saldado con fondos de Santos Consultoria.
Para la Policía Federal, el caso forma parte de un esquema mayor de uso de empresas para sufragar gastos particulares de la familia de Carlos Roberto Ferreira Lopes. El informe señala que los montos captados mediante descuentos asociativos irregulares se distribuían entre empresas vinculadas a los operadores financieros y se destinaban a cubrir desembolsos personales.
Además de Santos Consultoria, compañías como To Hire Cars, Solution, Impacto y MN Apoio Administrativo integraban la estructura financiera empleada por el grupo, según la PF. Estas sociedades operaban como una caja común para cubrir gastos de la familia del presidente de la Conafer.
La investigación también identificó pagos de matrículas escolares, billetes de avión, nóminas y la propia cirugía plástica de Bruna. La ruptura del secreto bancario reveló que esta recibió más de 1.750.000 reales brasileños (unos €315.000) en transferencias clasificadas como salarios o “mesadas”, con importes que oscilaban entre 50.000 reales (€9.000) y 100.000 reales (€18.000) mensuales, abonados por empresas ligadas a Cícero Marcelino.
Para la PF, Bruna participó de manera activa en el blanqueo al administrar Agropecuária Lagoa Alta y utilizar recursos de origen ilícito. Los elementos recogidos apuntan indicios de lavado de dinero, sugiriendo que fondos obtenidos ilegalmente mediante descuentos en prestaciones de la seguridad social se emplearon para financiar gastos privados de los investigados.
Carlos Roberto Ferreira Lopes, Bruna Braz de Souza Santos y Cícero Marcelino de Souza Santos figuran entre los 48 imputados en el primer informe concluyente de la Operación Sin Descuento, remitido al ministro André Mendonça, del Tribunal Supremo Federal (STF), ponente del caso. La Fiscalía General de la República (PGR) examinará ahora el material para decidir si formula acusación contra los imputados.
El Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) es el organismo público responsable de la gestión de prestaciones por jubilación, invalidez y pensión de supervivencia en Brasil. Atiende a millones de beneficiarios en todo el país y es objeto habitual de auditorías y controles para garantizar la correcta administración de los fondos.
La Policía Federal, dependiente del Ministerio de Justicia, es el principal cuerpo investigador de crímenes contra la administración pública federal. La Operación Sin Descuento se puso en marcha con el objetivo de desarticular redes de corrupción que vulneran los recursos destinados a la seguridad social.
La Confederación Nacional de Agricultores Familiares y Emprendedores Familiares Rurales (Conafer) agrupa organizaciones dedicadas a la agricultura de pequeño y mediano tamaño. Sus dirigentes tienen la misión de representar los intereses de productores rurales ante instancias gubernamentales y defender la implementación de políticas públicas favorables al sector.
