Los Estados Unidos confirmaron este miércoles 15 de julio la aplicación de una tarifa del 25% sobre productos brasileños. Esta decisión pone fin a una investigación del Office of the United States Trade Representative (USTR), que acusa a Brasil de “prácticas desleales” que perjudican a empresas y exportadores norteamericanos.
La nueva tarifa entrará en vigor la próxima semana, el 22 de julio, aunque contempla varias excepciones. Productos como el café, la carne bovina, el pescado y la naranja quedarán fuera de este gravamen.
Según el comunicado oficial del USTR, “esta acción resulta de una investigación de un año que concluyó que diversas prácticas de Brasil son injustas y discriminatorias, minando la competitividad de agricultores, trabajadores, innovadores y exportadores de Estados Unidos”. A pesar de intensas negociaciones bilaterales durante los últimos doce meses, la Casa Rosada ya esperaba el anuncio para evaluar el alcance de las alícuotas y los bienes afectados.
Impacto en las exportaciones
La Confederación Nacional de la Industria (CNI) de Brasil estima que cerca de 4.000 productos podrían verse alcanzados por la medida, lo que impactaría aproximadamente en 14.900 millones de dólares (unos 13.700 millones de euros) de exportaciones brasileñas hacia el mercado estadounidense.
Interlocutores del presidente Luiz Inácio Lula da Silva consideran que los fundamentos técnicos esgrimidos por la administración de Donald Trump carecen de sustento y obedecen a motivaciones políticas. Aun así, el comercio bilateral sigue siendo superavitario para Estados Unidos, motivo por el que el Gobierno de Trump sostiene que las tarifas pretenden restablecer un equilibrio comercial.
Marco legal y acusaciones
La pesquisa se basó en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 (Trade Act), que otorga al Ejecutivo estadounidense facultades para investigar y responder a prácticas comerciales consideradas desleales. El informe final señala seis grandes áreas de conflicto:
1. Comercio digital y servicios de pago electrónico: se acusa a Brasil de restringir a empresas tecnológicas y de pagos estadounidenses, mediante decisiones judiciales que obligan a retirar contenidos, bloquear perfiles o imponer multas, además de un trato desfavorable en licencias y autorizaciones.
2. Tarifas preferenciales: el USTR afirma que Brasil aplica aranceles más bajos a productos de México e India a través de acuerdos bilaterales, sin ofrecer el mismo trato a mercancías estadounidenses.
3. Combate a la corrupción: se considera que las medidas contra el soborno y la corrupción en Brasil son insuficientes para garantizar la transparencia necesaria en el comercio.
4. Protección de la propiedad intelectual: se reprocha al país sudamericano la lentitud en la tramitación de patentes, la falta de aplicación rigurosa de sanciones contra la piratería y la falsificación.
5. Acceso al mercado de etanol: Washington sostiene que, tras modificar su política de importaciones en 2017, Brasil dejó de ofrecer un tratamiento recíproco a este producto estadounidense.
6. Desmatamento ilegal: aunque existe normativa para frenarlo, el informe concluye que su aplicación es deficiente y permite la continuidad de actividades ilícitas.
El documento incluye además críticas al sistema de pagos instantáneos Pix y al Banco Central de Brasil, alegando que ofrecen ventajas competitivas a empresas nacionales frente a proveedores extranjeros de servicios financieros digitales.
Reacción política y contexto
La conclusión del proceso fue remitida a la Casa Blanca para la aprobación definitiva de Donald Trump, lo que pone fin formal al procedimiento, que incluyó audiencias públicas con empresarios y representantes de la sociedad civil. El Gobierno brasileño observa con escepticismo el componente político de la investigación, vinculado al apoyo de la administración estadounidense a figuras de la oposición de Brasil, como el senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
Flávio Bolsonaro participó en una de las audiencias del USTR, donde la mayoría de empresas y asociaciones se manifestó en contra de la imposición de los aranceles. Sin embargo, su intervención tuvo un marcado tono electoral, al advertir de que el momento era “el peor posible” ante un periodo preelectoral y que la medida beneficiaría al presidente Lula.
Otras medidas arancelarias
Además de la tarifa del 25%, Brasil aguarda los resultados de una segunda investigación de la Sección 301 que podría implicar un arancel adicional del 12,5% por supuestas irregularidades en materia de trabajo forzado. De confirmarse, algunos sectores industriales brasileños podrían enfrentar gravámenes totales de hasta el 37,5%.
La aplicación de estas medidas forma parte de una estrategia de defensa comercial que Estados Unidos ha aplicado en varias ocasiones desde la aprobación de la Trade Act de 1974. Este marco normativo permite al Ejecutivo identificar prácticas vistas como barreras no arancelarias y responder con contramedidas, incluidas tarifas aduaneras, buscando proteger la producción y el empleo nacionales.
