Según informó G1, la Advocacia-Geral da União (AGU) está estudiando la posibilidad de asumir la defensa del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, en Estados Unidos, tras las sanciones impuestas por el gobierno norteamericano amparadas en la Ley Magnitsky. La medida estadounidense contempla restricciones como la congelación de activos y prohibiciones de entrada a territorio de Estados Unidos para funcionarios señalados de violaciones de derechos humanos o actos de corrupción.
La estrategia, que se analiza en reuniones informales entre integrantes del gobierno federal, magistrados del STF y representantes de la AGU, incluye la contratación de un bufete de abogados con sede en Estados Unidos capacitado en litigios internacionales. La firma evaluada tendría experiencia en procedimientos relacionados con sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), organismo dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La Advocacia-Geral da União es la entidad responsable de representar judicialmente a la Presidencia de la República y al conjunto de la administración pública federal en asuntos legales. Está dirigida por el abogado-general de la Unión, cargo que actualmente ocupa Jorge Messias. Según fuentes consultadas, la decisión final sobre los próximos pasos se tomará después de la reunión programada entre el ministro Alexandre de Moraes y el propio Jorge Messias, en la que se evaluarán los costes operativos, el alcance de las acciones y las posibles vías de respuesta.
Alexandre de Moraes, designado ministro del STF en marzo de 2017, es jurista de carrera y ocupó diversos cargos, entre ellos secretario de Seguridad Pública en el estado de São Paulo. En el Tribunal, ha actuado en casos emblemáticos relacionados con la defensa de la democracia y la lucha contra falsedades informativas. Su nombramiento generó polémica en ciertos sectores, pero también le consolidó como una figura clave en la interpretación de la Constitución brasileña.
La Ley Magnitsky fue promulgada por el Congreso de Estados Unidos en 2012 y establece un régimen de sanciones contra individuos responsables de graves violaciones de derechos humanos y corrupción. Con posteriores ampliaciones, la norma ha permitido al gobierno norteamericano imponer medidas restrictivas a autoridades de distintos países. En el caso de Moraes, se trata de sanciones que, a juicio de Washington, responden a decisiones judiciales que afectan a la libertad de prensa y a procesos electorales en Brasil.
En los despachos oficiales de Brasilia, la interpretación predominante es que las sanciones no solo apuntan contra el propio ministro, sino también atentan contra instituciones nacionales y la soberanía brasileña. Bajo esa premisa, la AGU considera legítimo defender a Moraes en territorio estadounidense, con el argumento de preservar la independencia del Poder Judicial. Además de la vía judicial en Estados Unidos, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva baraja la posibilidad de presentar reclamaciones ante organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para cuestionar la legalidad de las restricciones impuestas.
La contratación de abogados con licencia para ejercer en Estados Unidos ya había sido mencionada en etapas previas, cuando Moraes enfrentó demandas presentadas por la empresa Trump Media & Technology y por la plataforma Rumble por decisiones relativas al bloqueo de sus servicios en el país. Ahora, con el nuevo escenario de sanciones, la opción vuelve a estar sobre la mesa como parte de un paquete de alternativas jurídicas.
Aún no existe un cronograma definido. Las partes implicadas coinciden en que la determinación definitiva se adoptará tras profundizar el análisis de riesgos y beneficios. Mientras tanto, la AGU continúa evaluando despachos internacionales especializados y recopilando documentación para sustentar la defensa de Alexandre de Moraes, quien sigue desempeñando sus funciones en el Supremo Tribunal Federal con plena vigencia.
