Documentos de levantamiento de los sigilos bancario y fiscal de Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, señalan un movimiento financiero de 19,5 millones de reales brasileños (aproximadamente 3,51 millones de euros) entre el 3 de enero de 2022 y el 30 de enero de 2026. La información fue publicada inicialmente por el portal Metrópoles y confirmada por el diario O Estado de S. Paulo, que afirmó haber tenido acceso a los mismos documentos.
Según los registros, parte de dicha cifra corresponde a pagos y otra parte a ingresos. Entre los abonos identificados en una cuenta de Lulinha en el Banco do Brasil figuran tres transferencias efectuadas por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que suman 721.309,70 reales (aproximadamente 129.836 euros). De estas tres transferencias, dos, por un total de 337.309,70 reales (unos 60.716 euros), se realizaron el 27 de diciembre de 2023; la tercera, de 384.000 reales (aprox. 69.120 euros), tiene fecha del 22 de julio de 2022. Los documentos clasifican todas las operaciones simplemente como “transferencia”, sin especificar la finalidad de los fondos.
En un comunicado, la defensa de Fábio Luís explicó que los importes enviados por el presidente corresponden a “anticipos de legítima herencia a sus hijos”, a la “devolución de gastos asumidos por Fábio Luís durante la etapa de encarcelamiento de Lula, considerada ilegal por la propia Justicia”, y a un “préstamo a L.I.L.S. Palestras, empresa de la que Fábio Luís es socio por herencia”.
Los documentos también muestran que la actividad financiera relacionada con los negocios de Lulinha se intensificó a partir de 2023. De la cifra total de 19,5 millones de reales, 3,6 millones (alrededor de 648.000 euros) están vinculados a las empresas G4 Entretenimento e Tecnologia y LLF Tech. Del importe citado, el 83 % corresponde a transferencias realizadas desde 2023 en adelante. Asimismo, 3,2 millones de reales (cerca de 576.000 euros) fueron recibidos por Lulinha desde esas sociedades, mientras que aproximadamente 381.000 reales (unos 68.580 euros) fueron enviados por él a los cuatro CNPJs que integran ambas compañías.
En diciembre, Renata de Abreu Moreira, esposa de Lulinha, fue nombrada administradora de esas empresas, aunque no figura como socia. Según los papeles oficiales, ella cuenta ahora con poderes para representar las sociedades, efectuar operaciones bancarias y actuar ante organismos públicos. Hasta marzo de 2025, Fábio Luís era socio junto a Fernando Bittar; en julio de ese mismo año, ambas empresas trasladaron sus sedes a una oficina en la calle Cunha Gago, en el barrio de Pinheiros, en São Paulo.
Por otra parte, Fábio Luís Lula da Silva ya había sido investigado con anterioridad por presuntos cobros mediante la firma Gamecorp. En el ámbito penal, aquel proceso fue anulado tras sendas decisiones del Supremo Tribunal Federal (STF), que consideró incompetente a la Justicia Federal de Curitiba y declaró sospechoso al entonces juez Sergio Moro. No obstante, las investigaciones en la esfera administrativa, promovidas por la Receita Federal, continúan su curso.
Para entender mejor el alcance de una “quiebra de sigilo” en Brasil, cabe señalar que se trata de una medida judicial que permite a los investigadores acceder a datos bancarios, fiscales y telemáticos de personas o empresas bajo sospecha de ilícitos. En este caso, el STF autorizó la medida tras un pedido de la Policía Federal, con el objetivo de esclarecer denuncias de posibles fraudes en el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS).
