El diputado estatal Luiz Fernando Teixeira (PT) ya ha desembolsado R$ 409.500 (aproximadamente 73 710 €) de la partida presupuestaria de la Asamblea Legislativa de São Paulo (Alesp) para alquilar un inmueble que pertenece a una de sus colaboradoras directas.
La vivienda, arrendada desde marzo de 2019, es propiedad de Ana Paula Rossetto, quien fue contratada en enero de 2025 para un cargo de libre designación en el mismo gabinete. Según los registros oficiales, Rossetto percibe un salario mensual de R$ 8.300 (unos 1 494 €). Hasta mayo de 2026, la suma que ha recibido entre sueldos y pagos de alquiler asciende a R$ 550.800 (cerca de 99.144 €).
Ana Paula Rossetto es hija de la concejala Ana do Carmo (PT) de São Bernardo do Campo, veterana sindicalista en las décadas de 1970 y 1980 y exdiputada estatal por cuatro mandatos consecutivos, de 2003 a 2019. En 2025, durante un acto de homenaje en la Alesp a Ana do Carmo, su hija pronunció un discurso en defensa de la trayectoria política de la madre, momento en el que Teixeira la felicitó públicamente.
Luiz Fernando Teixeira, hermano del diputado federal Paulo Teixeira, ejerce actualmente su tercer mandato en la Alesp. Antes de ello, fue concejal en el municipio de Casa Branca y coordinó la campaña de Luiz Marinho para la Alcaldía de São Bernardo do Campo en 2008. También desempeñó labores directivas en el São Bernardo Futebol Clube entre 2009 y 2016. Elegido diputado en 2014, ha sido reelegido en las dos legislaturas siguientes y figura como precandidato a la reelección en las elecciones de 2026.
El gabinete de Teixeira ha señalado al medio Metrópoles que la contratación de Ana Paula Rossetto se produjo más de cinco años después del inicio del contrato de alquiler, por lo que, según esos argumentos, no existiría vínculo entre ambas decisiones administrativas.
Contexto de la Alesp y uso de partidas para arrendamientos
La Asamblea Legislativa de São Paulo dispone de un presupuesto anual que contempla diversas rubricas, entre ellas los gastos de funcionamiento de los gabinetes, donde se incluyen servicios de asistentes parlamentarias y alquiler de espacios físicos para oficinas. Cada diputado recibe un monto determinado para atender la contratación de personal, pago de materiales y arrendamientos, siempre bajo la supervisión y auditoría interna del Tribunal de Contas do Estado.
En su reglamento interno, la Alesp fija topes máximos para la locación de inmuebles, que deben ajustarse a valores de mercado y contar con avalúo previo. La contratación de familiares o allegados de parlamentarios queda sujeta a los mismos criterios de transparencia y a la prohibición de nepotismo establecida por la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal. No obstante, en este caso concreto no existe vinculación de parentesco directo entre el diputado y la propietaria del inmueble.
La figura del cargo comisionado, como el que ocupa Ana Paula Rossetto, está prevista en la legislación brasileña para permitir que los poderes públicos nombren profesionales de libre elección sin concurso, con la finalidad de cumplir funciones de confianza o coordinación política. Estos puestos suelen percibir remuneraciones superiores a los sueldos de los servidores de carrera, por la naturaleza de las tareas asignadas.
Históricamente, el alquiler de inmuebles vinculados a asesores parlamentarios ha generado debates sobre posibles conflictos de interés y prácticas de clientelismo. Los mecanismos de control, tanto internos como externos, buscan garantizar que los recursos públicos no se desvíen de su propósito institucional: atender la representación legislativa y el servicio a la ciudadanía.
