La Justicia Federal de Amapá denegó la solicitud de Breno Barbosa Chaves Pinto, segundo suplente del presidente del Senado, Davi Alcolumbre (UB-AP), para recuperar el registro de sus armas y el certificado de cazador, tirador y coleccionista (CAC). Estos documentos habían sido cancelados tras ser imputado por la Policía Federal bajo sospecha de fraudes en licitaciones en el Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes (DNIT) en Amapá.
Chaves Pinto se encuentra investigado en la denominada Operación “Route 156”, que persigue a una supuesta organización criminal acusada de defraudar el carácter competitivo de las licitaciones públicas en el DNIT-AP. El eje central de la indagación se centra en contratos de mantenimiento de la carretera federal BR-156, con denuncias de simulación de competencia y empleo de empresas vinculadas a intereses previamente concertados.
La decisión de denegación fue adoptada por el juez Felipe Handro, titular de la 6ª Vara Federal de Amapá, el pasado 1 de julio. En su resolución, el magistrado recordó que las armas de Chaves Pinto ya habían sido incautadas por la Policía Federal y que, al reclamar la devolución de los registros, el empresario adujo su derecho al poseerlos, alegando que las municiones no estaban relacionadas con las investigaciones de fraude y que había entregado voluntariamente las armas sin resistencia.
No obstante, el juez subrayó que el hecho de estar sujeto a un proceso penal e incluso haber sido indiciado por la autoridad federal constituía indicio suficiente de “pérdida de idoneidad”, un requisito esencial para la tenencia y registro de armas de fuego de conformidad con la legislación brasileña. Handro recordó que la medida de cancelación de los permisos por inidoneidad no equivale a un juicio de culpabilidad ni a una sanción penal, sino a una acción administrativa de carácter precautorio y preventivo, orientada a la preservación de la seguridad pública y del interés colectivo.
“El cancelamiento por inidoneidad no constituye juicio anticipado de culpabilidad ni aplicación de sanción penal, sino medida administrativa de naturaleza cautelar y preventiva, dirigida a la protección de la seguridad pública y del interés colectivo”, concluyó el juez Felipe Handro en su fallo.
El certificado CAC (Cazador, Tirador y Coleccionista) es un permiso especial establecido por el Sistema de Fiscalización de Productos Controlados (SisFPC) del Ejército en Brasil, que habilita a particulares a ejercer actividades relacionadas con el uso, la adquisición y el almacenamiento de armas de fuego para caza o tiro deportivo, así como a coleccionar ejemplares dentro de normativas estrictas. Este certificado exige el cumplimiento de una serie de requisitos, entre ellos pruebas de idoneidad técnica, mental y de antecedentes, así como la ausencia de procesos penales en curso.
El Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes (DNIT), por su parte, es el órgano federal responsable de proyectar, construir y mantener las carreteras federales en Brasil, incluyendo rutas estratégicas como la BR-156 en el estado de Amapá, que conecta el interior de la región con la capital Macapá y sirve de enlace con otras vías transnacionales. Las licitaciones en el DNIT son procedimientos públicos que buscan garantizar la transparencia y la competencia leal entre proveedores de obras y servicios de infraestructura.
Las investigaciones de la Operación “Route 156” forman parte de una serie de acciones de la Policía Federal para combatir fraudes en contratos públicos y organizaciones criminales que alteran los procesos licitatorios. Este tipo de operaciones suele involucrar análisis de documentos, interceptaciones telefónicas y colaboración entre distintas instancias del poder judicial para desarticular presuntas redes de corrupción en el sector público.
El caso de Chaves Pinto refleja la aplicación del marco legal brasileño en materia de control de armas y la tensión entre derechos individuales y la necesidad de preservar la seguridad colectiva en situaciones de indagación penal. A la espera de nuevas decisiones judiciales, sus permisos de posesión de armas permanecen suspendidos.
