El instituto estadounidense McLaughlin & Associates, fundado por John McLaughlin, uno de los principales investigadores electorales de Donald Trump, realizó recientemente una encuesta en Brasil sobre la carrera presidencial de 2026 y la opinión de la población acerca de asuntos relacionados con el Supremo Tribunal Federal (STF) y diferentes facciones políticas. McLaughlin & Associates es una firma de sondeos electorales con amplia trayectoria en Estados Unidos, donde ha colaborado en el diseño y análisis de encuestas presidenciales y estatales.
El estudio se llevó a cabo entre el 27 y el 28 de junio, justo después de la difusión de un vídeo en el que la exprimera dama Michelle Bolsonaro criticaba al senador Flávio Bolsonaro. Para ello, el instituto entrevistó a 1.831 elector@s provables, es decir, personas que manifestaron una intención clara de votar en las elecciones de 2026. La encuesta presenta un margen de error de ±2,3 puntos porcentuales, cifra que refleja el nivel de confianza estadística de los resultados.
Según los datos recabados, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera la estimación de voto en un hipotético primer turno, con un 40% de las intenciones. Le sigue el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, con un respaldo del 32%. Otros candidatos aparecen con cifras muy inferiores: Ronaldo Caiado (PSD) obtiene el 7%, Romeu Zema (Novo) el 5% y Renan Santos (de la organización Missão) el 3%.
En una simulación de segundo turno entre Lula y Flávio Bolsonaro, ambos competidores se sitúan técnicamente empatados, con un 45% de apoyo cada uno. Fuentes próximas a la Casa Blanca indican que los resultados de esta encuesta ya han sido presentados al presidente Donald Trump, quien está siguiendo con atención la evolución política en Brasil. El empate técnico sugiere una situación de incertidumbre de cara a la segunda vuelta, en la que la movilización del electorado y las alianzas políticas podrían marcar la diferencia.
Más allá de la intención de voto, el sondeo exploró la percepción de los brasileños sobre el Supremo Tribunal Federal (STF). El 72% de los entrevistados apoya el juicio político (impeachment) de los ministros de la Corte que hayan cometido delitos o incurrido en faltas de conducta graves. Por el contrario, el 16% se manifiesta en contra de dicha medida y el 12% no tiene una opinión definida al respecto. El STF es la máxima instancia judicial de Brasil y su actuación en casos de corrupción y enjuiciamientos políticos ha sido objeto de debate público en los últimos años.
La encuesta también abordó la posibilidad de que el STF impida la candidatura de Jair Bolsonaro en 2026. Bolsonaro fue declarado inelegible por el Tribunal Superior Electoral (TSE) debido a una condena por abuso de poder político y económico en su campaña anterior. En este punto, el 52% de l@s entrevistad@s se opone a una decisión que excluya al expresidente de la contienda, mientras que el 41% la aprueba y el 7% no supo o no quiso responder.
Otro tema examinado fue la introducción de un comprobante impreso del voto tras el registro electrónico en la urna. Esta propuesta, defendida por numerosos partidarios de Bolsonaro, obtuvo el respaldo del 81% de l@s participantes en el estudio. El 13% se mostró en desacuerdo con la medida y el 7% no expresó una opinión. En Brasil, el sistema de votación electrónica se implantó en la década de 1990 y, aunque ha reducido fraudes electorales, algunos sectores reclaman la impresión de un recibo para reforzar la transparencia.
Finalmente, el instituto preguntó por la reciente decisión de Estados Unidos de catalogar al Comando Vermelho (CV) y al Primer Comando de la Capital (PCC) como organizaciones terroristas. En este punto, el 56% de l@s encuestad@s manifestó su apoyo a la medida, el 30% se declaró en contra y el 14% no supo opinar. Estas facciones criminales operan principalmente en Brasil y han sido vinculadas al tráfico de drogas y a la financiación de actividades ilícitas.
En conjunto, la encuesta de McLaughlin & Associates aporta un panorama detallado de las preferencias electorales en Brasil de cara a 2026 y de las posiciones ciudadanas ante temas judiciales y de seguridad, reflejando un escenario competitivo y una opinión pública preocupada por la transparencia institucional.
