Según información del portal Metrópoles, la Policía Civil de Ceará concluyó el sumario sobre la muerte de Helena, una bebé de 10 meses que falleció en Fortaleza, e imputó a la madre de la niña, Ysabelle Rodrigues, de 29 años. De acuerdo con la investigación, ella responderá por homicidio culposo comisivo por omisión. El caso se cerró tras la emisión del informe de la Pericia Forense del Estado de Ceará (Pefoce).
En un comunicado, la institución informó que también solicitó la imputación de Roberto Levy Oliveira Magalhães, de 26 años, por el delito de homicidio culposo. Él es primo de Francisco Ray, de 22 años, señalado anteriormente como “ligue” ocasional de Ysabelle. Francisco, por su parte, no fue imputado en esta fase del proceso.
La defensa de Ysabelle Rodrigues impugnó la conclusión de la investigación. En un escrito firmado por su abogado, Weryd Simões, el indiciamiento se calificó como un “grave equívoco en la conducción de este inquérito policial”. El letrado afirmó que durante las pesquisas previas se produjo la detención de personas inocentes, se dañaron reputaciones, se expuso públicamente a ciudadanos ajenos al delito y se pusieron vidas en riesgo, añadiendo que estas circunstancias serán demostradas oportunamente en el expediente.
Según la defensa, el hecho de que la madre esté imputada no equivale a una condena. El caso todavía será analizado por el Ministerio Público del Estado de Ceará. “La defensa confía en que el Ministerio Público realizará un examen técnico, riguroso e independiente de los elementos obrantes en las actuaciones y, de ser necesario, el Poder Judicial restablecerá la correcta aplicación de la justicia”, señala la nota oficial de la representación de la imputada.
En la misma comunicación, el abogado subrayó que atribuir responsabilidad penal a la madre por la muerte de su propia hija agrava aún más el daño moral y psicológico que ya sufre. “La más severa de las penas le ha sido impuesta por la vida misma: la pérdida irreparable de su hija de apenas 10 meses. No existe sanción más cruel que el dolor de una madre que entierra a su propia hija; se trata de una pena perpetua, irreversible e imposible de medir, que ella soporta cada día”, expuso.
Por su parte, la defensa de Francisco Ray, quien llegó a ser detenido durante las pesquisas, resaltó que el resultado del inquérito confirma la posición sostenida desde el principio: “Él no fue imputado por ninguna conducta que haya derivado en el fallecimiento de la niña Helena, tal como hemos defendido desde el inicio”.
De acuerdo con la abogada Gleicy Kelly, los dos imputados —Ysabelle Rodrigues y Roberto Levy Oliveira Magalhães— deberán responder por el delito de homicidio culposo. El caso seguirá su curso en el Ministerio Público, que evaluará si presenta o no la correspondiente denuncia ante la Justicia.
Contexto legal adicional:
En Brasil, el homicidio culposo por omisión se produce cuando una persona, que por ley o contrato tiene el deber de actuar para evitar un resultado lesivo, no cumple con esa obligación y causa un desenlace fatal. El Código Penal brasileño tipifica en su artículo 121, apartado 3.º, las circunstancias del homicidio culposo, y en el artículo 13 define la omisión como forma de comisión del delito cuando el sujeto está obligado a impedir el resultado. En este tipo de casos, la Fiscalía y la Policía Civil recaban pruebas, testimonios y peritajes forenses para determinar si existió incumplimiento de un deber de cuidado y si ese fallo es la causa directa de la muerte.
La Pericia Forense del Estado de Ceará (Pefoce) es el órgano responsable de realizar los exámenes necroscópicos y las pruebas de laboratorio necesarias para establecer la causa y las circunstancias de la muerte. Una vez concluido el laudo pericial, la Policía Civil finaliza el inquérito y lo remite al Ministerio Público, que dispone de un plazo legal para decidir si formula acusación, solicita diligencias suplementarias o archiva la causa.
A nivel estatal, el Ministerio Público es un órgano independiente con la atribución constitucional de defender el orden jurídico, los intereses sociales y el patrimonio público. Si presenta acusación, el caso pasa al Poder Judicial, donde un juez examina las pruebas en juicio oral y público. En este proceso, tanto la defensa como la Fiscalía pueden presentar testigos, peritos y documentos para sustentar sus argumentos, y el magistrado dicta sentencia de acuerdo con la valoración de la prueba.
