El Ministerio de Hacienda ha dado un paso atrás en su postura inicial y ha abierto la puerta a negociar con Sumar una solución al espinoso asunto de la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Este giro se produce tras semanas de tensión pública entre los socios de coalición y busca evitar una fractura definitiva en un momento clave para el Gobierno.
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De la confrontación al diálogo
Fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero confirman que ya están en marcha conversaciones para encontrar una salida al conflicto. La solución pasaría por rectificar la decisión de gravar el SMI, tal como exigía Sumar, y establecer mecanismos de compensación para ese 20% de perceptores -mayoritariamente hombres solteros- que habían quedado afectados por la última subida.
El cambio de postura llega después de que el pasado febrero el Consejo de Ministros aprobara la subida del SMI en un ambiente marcado por el enfrentamiento público entre PSOE y Sumar. Montero había mantenido hasta ahora una posición firme defendiendo la tributación de estas rentas mínimas, pero el riesgo de un conflicto institucional ha llevado a replantear la estrategia.
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Reloj contra reloj
La urgencia por encontrar una solución viene marcada por el calendario parlamentario. Este mismo viernes, la Mesa del Congreso debía pronunciarse sobre el «veto presupuestario» que Hacienda pretendía aplicar a las iniciativas -incluida la de Sumar- que buscaban eximir de tributación al SMI.
Desde Moncloa se había advertido que, de prosperar la revocación del veto con los votos de PP y Sumar, el Gobierno llevaría el caso al Tribunal Constitucional. Este escenario, que habría elevado el conflicto al ámbito judicial, ha sido finalmente evitado gracias al inicio de estas negociaciones.
Negociaciones al más alto nivel
El desbloqueo de la situación llegó tras un contacto directo entre la vicepresidenta Yolanda Díaz y la propia Montero. Ambas han delegado ahora en sus equipos técnicos la tarea de concretar los términos del posible acuerdo, que pasaría por la retirada de la proposición de ley presentada por Sumar.
Este acercamiento representa un notable cambio de tono respecto a las últimas semanas, cuando desde el PSOE se acusó a Díaz de sumarse al «populismo fiscal» de la derecha. El Gobierno parece haber optado por priorizar la unidad de la coalición ante los importantes retos legislativos que tiene por delante, incluida la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
Un frágil equilibrio
La rectificación de Hacienda supone sin embargo un coste político para el PSOE, que había defendido con vehemencia la necesidad de mantener la tributación del SMI en nombre de la «pedagogía fiscal». El acuerdo, de materializarse, probablemente dejará insatisfechos a sectores de ambos socios de coalición, pero evitaría una crisis institucional que hubiera proyectado una imagen de profunda división en el seno del Ejecutivo.
