En un teatro de Halifax (Canadá) se encuentra April Hubbard, contemplando el espacio donde decidirá concluir su existencia en los próximos meses. Esta intérprete de performances y espectáculos burlescos, próxima a cumplir cuatro décadas de vida, ha recibido autorización para acceder a la muerte médicamente asistida bajo el marco legal canadiense, considerado uno de los más permisivos globalmente.
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El íntimo auditorio Bus Stop Theatre, con capacidad para menos de cien espectadores, será el escenario final para April. Allí, rodeada por un círculo íntimo de seres queridos, recibirá la inyección letal administrada por un profesional sanitario mientras reposa en lo que describe como «un lecho amplio y confortable».
La biografía médica de April incluye espina bífida congénita y posteriormente neoplasias en la región inferior de la columna vertebral. Estas condiciones le han provocado padecimientos crónicos que intenta controlar mediante analgésicos opioides potentes desde hace más de veinte años.
Su solicitud para el programa de Asistencia Médica para Morir (MAID) fue presentada en marzo de 2023 y aprobada siete meses después. A diferencia de los pacientes terminales, que pueden obtener autorización en veinticuatro horas, April podría potencialmente continuar viviendo varias décadas más con su condición actual.
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«El dolor y sufrimiento se intensifican progresivamente, deteriorando mi calidad de vida hasta niveles incompatibles con mi bienestar y realización personal», manifiesta April. Describe sensaciones como si los tejidos en la base de su columna «estuvieran constantemente sometidos a una tensión excesiva, similar a un elástico extendido más allá de su límite».
Existe el debate parlamentario británico sobre propuestas para legalizar la muerte asistida en Inglaterra y Gales. Este contraste geopolítico enmarca la controversia sobre si Canadá representa un ejemplo del llamado «efecto cascada» en legislación sobre el final de la vida.
La normativa canadiense ha experimentado una notable evolución desde su implementación inicial en 2016. Originalmente concebida para adultos con patologías físicas graves e irreversibles en fase terminal, actualmente constituye uno de los marcos regulatorios más permisivos internacionalmente.
La reforma de 2021 eliminó el requisito de terminalidad, y existen planes gubernamentales para extender el acceso a personas con trastornos exclusivamente mentales en un futuro próximo. Los críticos argumentan que esta progresiva ampliación convierte la muerte en una alternativa terapéutica convencional para colectivos vulnerables.
Andrew Gurza, consultor especializado en concienciación sobre discapacidad y allegado de April, expresa preocupaciones respecto al sistema actual. «Resulta más accesible en Canadá obtener ayuda médica para morir que conseguir apoyo gubernamental para vivir«, afirma este usuario de silla de ruedas con parálisis cerebral.
El procedimiento de aprobación requirió que April fuera evaluada por dos facultativos independientes. «Los mecanismos de protección existen y funcionan adecuadamente», afirma ella en respuesta a las inquietudes expresadas por colectivos de personas con discapacidad.
Las estadísticas oficiales registraron 15.343 fallecimientos mediante MAID durante 2023, aproximadamente el 5% del total nacional. Esta proporción ha experimentado un incremento sustancial desde la implementación del programa y sitúa a Canadá entre las tasas más elevadas mundialmente.
La administración del protocolo letal corresponde casi exclusivamente a profesionales sanitarios, constituyendo técnicamente eutanasia voluntaria. El doctor Eric Thomas declaró haber participado en 577 procedimientos, mientras que Konia Trouton, presidenta de la asociación profesional del sector, considera esta función «un privilegio y responsabilidad excepcionales».
Los procedimientos MAID se categorizan mayoritariamente (96%) como «tipo uno», donde el fallecimiento resulta «razonablemente previsible». La categoría minoritaria, aplicable a April, comprende individuos sin pronóstico terminal inmediato pero con sufrimiento considerado intolerable debido a condiciones médicas graves e irremediables.
La propuesta legislativa británica presenta diferencias fundamentales: limitaría el acceso a pacientes con expectativa vital inferior a seis meses y prohibiría la administración directa por personal sanitario. Además, los medicamentos deberían ser autoadministrados oralmente, prolongando significativamente el proceso en comparación con la infusión intravenosa canadiense.
La doctora Ramona Coelho, facultativa en Ontario con experiencia atendiendo poblaciones marginadas, considera que el programa está «completamente descontrolado». Su perspectiva crítica sugiere que «Canadá ha sobrepasado límites éticos fundamentales» al redefinir la respuesta social ante tendencias suicidas.
Un testimonio revelador proviene de Vicki Whelan, enfermera jubilada cuya madre falleció por cáncer pulmonar. Según relata, durante la hospitalización materna, el equipo asistencial ofreció repetidamente la opción MAID, actuando según ella con un enfoque excesivamente promotor que denominó «discurso comercial».
April reconoce que su decisión puede resultar incomprensible para observadores externos, especialmente considerando su juventud. «Desarrollamos extraordinarias capacidades para ocultar nuestro sufrimiento cotidiano», reflexiona. «Sin embargo, atravieso periodos en que simplemente no consigo abandonar la cama ni alimentarme adecuadamente, y rechazo prolongar estas circunstancias durante las próximas décadas.»
