La Policía Federal informó al ministro André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal (STF), que identificó la creación de dos documentos con referencias a los ministros Alexandre de Moraes y Dias Toffoli durante el análisis del teléfono móvil del banquero Daniel Vorcaro. La información consta en una investigación que indaga un supuesto filtración de datos confidenciales y fue revelada por el periódico Estadão.
Según el reportaje, los archivos, titulados “Moraes.pdf” y “Toffoli e esposa.pdf”, habrían sido producidos por el perito criminal de la PF, João Cláudio Nabas, a partir de mensajes hallados en el dispositivo de Vorcaro. Estos documentos reunían fragmentos de conversaciones y meniones tanto al ministro Moraes como al ministro Toffoli, incluyendo detalles de contratos y vínculos personales.
Aún segundo la pesquisa, agentes federales relataron que Nabas sugirió a sus colegas que el contenido de ambos archivos fuera divulgado a la prensa. Conforme los testimonios recabados, el equipo encargado del caso rechazó de plano esa propuesta y comunicó que no contactaría a ningún medio de comunicación. A pesar de ello, el perito insistió y procedió a enviar los archivos a otros integrantes de la operación.
La Policía Federal afirma que João Cláudio Nabas accedió a los datos extraídos del teléfono de Vorcaro el 1 de diciembre de 2025 y, tres días después, elaboró los dos documentos. La corporación sostiene que los registros en el sistema interno confirman la creación de esos archivos con exactitud de fecha y hora, respaldando la hipótesis de filtración intencionada.
De acuerdo con el Estadão, uno de los archivos reunía diálogos y menciones al ministro Alexandre de Moraes, incluyendo extractos de un contrato entre el Banco Master y la abogada Viviane Barci de Moraes, esposa del magistrado. El segundo documento contenía información relacionada al ministro Dias Toffoli y a su entonces exesposa, Roberta Rangel, con reseñas de eventos y relaciones profesionales.
En el pedido de busca y aprehensión contra Nabas, la PF señaló la existencia de indicios de que el perito criminal organizó y filtró datos reservados a la prensa. Esta investigación motivó el cumplimiento de mandatos judiciales en mayo de este año y derivó en el apartamiento temporal de Nabas de sus funciones como servidor público.
El Estadão agregó que la defensa de João Cláudio Nabas fue contactada, pero no emitió declaración. Además, los ministros Alexandre de Moraes y Dias Toffoli también fueron solicitados para ofrecer su versión, pero, según el diario, ambos optaron por no responder a los cuestionamientos.
La Policía Federal subraya, en el informe de la investigación, que el objetivo no es perseguir ni investigar a periodistas ni atentar contra el derecho constitucional al secreto de fuente. El foco del inquérito se centra exclusivamente en la supuesta comisión del delito de violación de sigilo funcional por parte de un servidor público.
Es importante recordar que, según la Constitución brasileña, los ministros del Supremo Tribunal Federal sólo pueden ser investigados con autorización previa del propio STF. Hasta el momento, no hay ningún inquérito de la PF contra Alexandre de Moraes o Dias Toffoli; la investigación versa únicamente sobre la eventual divulgación indebida de información extraída del teléfono móvil de Daniel Vorcaro.
Contexto adicional:
La Policía Federal de Brasil es el órgano de investigación criminal y de policía judicial de la esfera federal, responsable de la aprehensión de delitos contra la seguridad nacional, el crimen organizado y la corrupción. En casos que involucran documentos confidenciales o potencial filtración de información de alto nivel, la PF suele designar peritos criminales especializados en análisis forense digital.
El perito criminal, en este marco, tiene la atribución de extraer, procesar y evaluar datos electrónicos en el curso de investigaciones. El uso de sistemas internos registra cada acción del perito –descarga de datos, acceso a archivos, creación de documentos– generando un rastro de auditoría que la propia PF emplea para supervisar y garantizar la integridad de la cadena de custodia.
Por su parte, el Supremo Tribunal Federal ejerce la jurisdicción suprema en Brasil y resguarda la Constitución. Su regimiento interno prevé normas específicas para autorizar investigaciones contra sus miembros, en virtud de su prerrogativa de foro. Cualquier diligencia contra un ministro requiere aval del pleno de la Corte.
