Un agente de la Guardia Civil Metropolitana (GCM), un exmiembro de la corporación y otros dos hombres fueron condenados por la Justicia de São Paulo por su participación en una organización criminal dedicada al comercio ilegal de armas y municiones en la zona conocida como Cracolândia, en el centro de la capital paulista. La sentencia se publicó el martes 1 de julio. Un quinto acusado resultó absuelto por falta de pruebas.
La Guardia Civil Metropolitana (GCM) es un cuerpo municipal de seguridad cuya función principal es apoyar a la Policía Militar de São Paulo en tareas de patrullaje, protección de bienes públicos y fiscalización de ordenanzas locales. Aunque su actuación suele centrarse en cuestiones de tránsito y prevención de delitos menores, en este caso se han visto implicados efectivos que, presuntamente, aprovecharon sus cargos para integrar una red de suministro de armamento.
Entre los condenados figuran el agente Elias Silvestre da Silva y el exGCM Rubens Alexandre Bezerra, señalado como uno de los principales artífices del esquema delictivo. También fueron condenados Edno Sousa da Silva y Odair José Gonçalves Rodrigues. En todos los casos, la justicia imputó los delitos de organización criminal y comercio ilegal de armas. Los acusados habrían operado al amparo de una supuesta “protección” a comerciantes y usuarios de drogas a cambio de sobornos y de la compra-venta de armamento en la región de la Cracolândia.
Las penas impuestas oscilan entre 11 años y un mes y 16 años, 5 meses y 5 días de prisión en régimen cerrado, además de multas. En el sistema penitenciario brasileño, el régimen cerrado implica la privación completa de libertad en unidades de alta seguridad. Rubens Alexandre Bezerra recibió la mayor condena, seguido por Edno Sousa da Silva, Odair José Gonçalves Rodrigues y, finalmente, Elias Silvestre da Silva.
En la misma resolución judicial, el juez absolvió a Rubens Alexandre Bezerra y a Odair José Gonçalves Rodrigues de algunas acusaciones específicas por ausencia de pruebas suficientes. Por su parte, Ednaldo de Almeida Passos fue exonerado de todos los cargos que pesaban sobre él.
El magistrado también ordenó la pérdida de los cargos públicos de los condenados que aún ejercían funciones en la Administración municipal. Según el Código Penal brasileño, quienes reciben penas superiores a cuatro años por delitos graves contra la seguridad pública pierden automáticamente el derecho a seguir en el servicio público, dado el carácter incompatible de esas infracciones con la función de guardia civil.
Esta condena es el resultado de la denominada Operación Salus et Dignitas, llevada a cabo en agosto de 2024 por el Ministerio Público de São Paulo con el apoyo de diversas fuerzas de seguridad. Salus et Dignitas, que en latín significa “salud y dignidad”, buscaba desarticular una estructura criminal que operaba en la Cracolândia vendiendo armas e intimidando a la población local.
El Ministerio Público es el ente encargado de fiscalizar el cumplimiento de la ley y de iniciar las acciones penales en Brasil. Para esta operación, coordinó registros, escuchas y allanamientos en domicilios y dependencias públicas, revelando la implicación de los guardias civiles metropolitanos en actividades ilícitas.
Según las investigaciones, el grupo se vinculaba con el Primer Comando de la Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil, fundada en la década de 1990 en el sistema penitenciario de São Paulo. El PCC se dedica a la coordinación de tráfico de drogas, secuestros, extorsiones y robo de cargas, y ha extendido su influencia a varias regiones del país.
Los agentes investigados supuestamente extorsionaban a comerciantes de la Cracolândia a cambio de “protección” contra delincuentes y usuarios de estupefacientes. Asimismo, habrían facilitado el acceso a armas de fuego, receptado productos robados y lavado dinero procedente de las actividades ilícitas. Entre los objetivos de la operación, Rubens Alexandre Bezerra fue identificado como el intermediario clave para la compra de armas, equipos de interceptación de comunicaciones policiales y otros materiales tecnológicos requeridos por el crimen organizado.
