Investigadores de la Policía Federal (PF) destacan que el banquero Daniel Vorcaro creó una estructura para reclutar influencers con el objetivo de defender al Banco Master y cuestionar al Banco Central (BC). Según consta en la decisión del ministro André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal (STF), se autorizó una operación de búsqueda y aprehensión el jueves 9 de julio contra el publicista Thiago Miranda.
Las pesquisas apuntan a que Miranda era responsable de contratar a creadores de contenido digital y periodistas para llevar a cabo una campaña de comunicación favorable al Banco Master, al mismo tiempo que difundían críticas al Banco Central. En el curso de la investigación, la PF encontró un acuerdo de confidencialidad que mencionaba el denominado “Proyecto DV”, el cual establecía cláusulas de sigilo sobre conversaciones y materiales relacionados con la campaña, incluso antes de formalizar cualquier contratación.
De acuerdo con los investigadores, los pagos se realizaban a través de la empresa Super Empreendimentos e Participações, vinculada a Vorcaro y a su cuñado, Fabiano Zettel. Este modelo de financiación empleaba recursos corporativos para remunerar directamente a los influencers, cuya misión era colgar en redes sociales mensajes y vídeos defendiendo al banco y deslegitimando las medidas regulatorias adoptadas por el BC.
En uno de los casos documentados, el concejal Rony Gabriel (PL-RS) declaró que fue contactado para participar en un “proyecto de gestión de reputación y manejo de crisis”. Según el relato, antes de conocer los detalles de la oferta, recibió un acuerdo de confidencialidad con una cláusula de multa de R$ 800 000 (aproximadamente 144 000 €) en caso de revelar la información. Solo después de firmar se le indicó que debía producir vídeos afirmando que el Banco Master era víctima de actos arbitrarios del Banco Central.
La PF sostiene que la estrategia no se limitaba a la contratación de influencers. Incluía la supresión de contenidos periodísticos desfavorables, ataques cibernéticos y acciones coordinadas para eliminar enlaces considerados perjudiciales. Asimismo, los investigadores detectaron esfuerzos por elevar la valoración de aplicaciones móviles del banco, negociar la publicación de reportajes favorables y reducir la visibilidad de análisis críticos en plataformas digitales.
En un testimonio ante la PF, Thiago Miranda relató que presentó a Vorcaro un plan de “reestructuración de imagen y gestión de crisis” tras la primera liberación del banquero en noviembre del año anterior. El publicista explicó que el proyecto incluía contenidos audiovisuales y escritos sobre la detención de Vorcaro y las investigaciones en curso sobre el Banco Master. Aseguró que esta iniciativa se desarrolló junto a una agencia especializada en comunicación corporativa.
La investigación también reveló que Vorcaro solicitó a Miranda un informe detallado sobre el consejero delegado de Itaú, Milton Maluhy Filho, al considerar que este ejecutivo “le estaba ocasionando muchos problemas”. En mensajes recuperados, se observa cómo el banquero instruye al publicista: “Necesito un levantamiento sobre Milton Maluhy. Me está causando muchos problemas. ¿Me ayudas con eso?”. Miranda responde: “Déjamelo a mí”. Posteriormente, se hallaron reportes confidenciales con datos personales y patrimoniales de Maluhy y de su esposa, Camila Moretti Maluhy.
En nota oficial, la defensa de Thiago Miranda rechazó cualquier práctica ilegal y subrayó que el publicista actuó siempre dentro de los parámetros legales. El abogado Rafael Martins afirmó que la existencia de la indagación no implica conclusiones anticipadas de culpabilidad y señaló que Miranda está disponible para prestar todos los esclarecimientos necesarios. “La defensa acompañará con atención cada acto del procedimiento y adoptará las medidas jurídicas pertinentes para garantizar que los hechos sean investigados con objetividad, rigor técnico y pleno respeto a las garantías legales”, indica el comunicado.
Contexto adicional: La contratación de influencers para campañas de imagen y manejo de crisis forma parte de una tendencia global en la que empresas y particulares recurren a creadores de contenido digital para influir en la opinión pública. Sin embargo, cuando se emplean recursos opacos o se ocultan vínculos financieros, estas prácticas pueden involucrar delitos de fraude, violación de sigilo y manipulación de mercados. En Brasil, la actuación del Banco Central y las decisiones del STF juegan un rol central en la supervisión del sistema financiero, por lo que cualquier intento de deslegitimar estas instituciones puede derivar en investigaciones por parte de la Policía Federal.
