El gobierno de Daniel Ortega, en Nicaragua, retiró esta semana los registros profesionales de miles de abogados, impidiéndoles continuar ejerciendo sus funciones en todo el territorio nacional. Según ha informado el diario La Prensa, se estima que alrededor de dos mil letrados se han visto afectados por esta medida, que no fue comunicada oficialmente por las autoridades y tampoco dio lugar a notificaciones individuales a los profesionales.
Los abogados cuya inscripción ante el colegio respectivo fue anulada señalan que esta decisión forma parte de un patrón de restricción a las libertades civiles y profesionales emprendidas por el régimen. Afirman que se les impide ejercer tanto la abogacía como los servicios notariales, lo cual, en su opinión, viola el derecho al trabajo y la independencia profesional garantizados por la Constitución nicaragüense.
“La medida no solo contraviene normas constitucionales, sino que también atenta contra el acceso de los ciudadanos a la justicia”, explica un documento elaborado por un grupo de juristas afectados. Además, denuncian que la anulación masiva de registros se ha llevado a cabo sin previo aviso ni razones formales, lo que impide cualquier recurso administrativo o judicial en defensa de sus derechos.
De acuerdo con el abogado Siles Espinoza, entrevistado por La Prensa, “el régimen está violando la Constitución, el derecho al trabajo y la independencia profesional, impidiéndonos ejercer la abogacía y los servicios notariales por oponernos a sus políticas. Estos abusos se suman a toda la censura anterior, incluida aquella que me forzó al exilio”. Espinoza recordó que, en los últimos años, se han sufrido restricciones a la libertad de prensa, el cierre de medios independientes y detenciones arbitrarias de opositores.
Contexto histórico y legal
En Nicaragua, el ejercicio de la abogacía requiere la inscripción previa en el Colegio de Abogados, órgano autónomo reconocido por la ley para regular el acceso, la formación y la conducta ética de sus miembros. La anulación de un registro profesional implica la imposibilidad de representar clientes ante los tribunales, expedir escrituras notariales y celebrar actos jurídicos que exijan la intervención de un abogado. Asimismo, afecta a la estructura de oficinas jurídicas y a despachos que emplean a equipos de profesionales.
La Constitución Política de Nicaragua establece en su artículo 46 el derecho al trabajo, y en el artículo 160 garantiza la independencia del ejercicio profesional. Además, el Código Procesal Civil y Mercantil define claramente las normas para la colegiación y las causales de suspensión o cancelación del derecho a ejercer. En todos los casos, la ley exige un debido proceso y notificación previa, requisitos que, según los afectados, no se han cumplido.
Repercusiones y escenarios futuros
La cancelación de registros de dos mil abogados supone un impacto significativo en el sistema judicial nicaragüense, que ya enfrenta críticas internacionales por su falta de transparencia y de garantías procesales. Con menos defensores habilitados, se agrava la sobrecarga de trabajo en los tribunales y se limita el acceso de particulares y colectivos a la asesoría legal. Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido sobre posibles violaciones al debido proceso y al derecho de defensa.
La comunidad internacional, incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha instado al gobierno de Ortega a garantizar los derechos laborales y profesionales de los abogados. Sin embargo, por el momento no se ha producido ningún pronunciamiento oficial por parte de la Presidencia ni del Ministerio de Justicia de Nicaragua.
En las últimas semanas, el Ejecutivo nicaragüense ha intensificado otras medidas de control: censura de medios digitales, sanciones económicas a organizaciones no gubernamentales y restricciones a manifestaciones públicas. Ello ha generado un clima de preocupación entre los operadores jurídicos y la sociedad civil, que vigila de cerca la evolución de los acontecimientos y las posibles vías de recurso ante tribunales nacionales o instancias internacionales.
