Se ha publicado un manifiesto “de la Izquierda Radical”. Aunque el texto podría ser más directo, el programa es realmente positivo. Sin embargo, le falta un toque de radicalismo. Esto es lo que quiero discutir con Sâmia, Glauber y demás compañeros.
Un punto no abordado es la función social de la propiedad, ya establecida en la doctrina social de la Iglesia y presente en la Constitución brasileña en el artículo 170. La orden económica, basada en la valorización del trabajo humano y en la libre iniciativa, tiene como objetivo asegurar a todos una existencia digna, conforme a la justicia social, con los siguientes principios: I – soberanía nacional; II – propiedad privada; III – función social de la propiedad…
Parece imprescindible subrayar que la función social implica que la propiedad debe beneficiar a la colectividad y no únicamente al titular registral. Para ello, la propia Constitución detalla en su artículo 186 que la función social se cumple cuando la propiedad rural satisface simultáneamente estos criterios: I – aprovechamiento racional; II – uso adecuado de los recursos naturales y preservación ambiental; III – cumplimiento de las normas laborales; IV – explotación que favorezca el bienestar de los propietarios y trabajadores.
Estas condiciones resultan inaplicables cuando la propiedad pertenece a una sociedad anónima —pues ¿cómo medir el bienestar de un accionista que puede residir fuera del campo?— o cuando se trata de latifundios de enormes dimensiones. De hecho, existen explotaciones de cien mil, doscientos mil o incluso quinientos mil hectáreas, mientras que el 80 % de las propiedades rurales tiene menos de 50 hectáreas (la media ronda los 10 ha).
Para no “radicalizar” en exceso, podríamos atenernos al Estatuto de la Tierra del régimen militar, que proponía un límite máximo para la extensión de la tierra. Si quisiéramos radicalizar un poco más, considero que la cifra de “seiscientas veces el módulo medio de la propiedad rural” o “seiscientas veces el área media de los inmuebles rurales en la respectiva zona” es excesiva. Sobre todo si tenemos en cuenta que la renta media de los 210.000 brasileños más ricos supera los 300.000 reales por día (aprox. 54.000 euros diarios), mientras que 7,5 millones de brasileños viven en la pobreza extrema con menos de 267 reales al día (aprox. 48 euros diarios), una comparación de más de 1.100 veces. Un abuso no justifica otro.
En la Asamblea Constituyente cerrada, José Bonifácio propuso una reforma estableciendo que a cada propietario se le dejaran como máximo media legua cuadrada —unos 900 hectáreas—, siempre que comenzara a cultivarlas en tiempo justo. Las tierras revertidas a la Nación no se entregarían gratuitamente, salvo en contados casos, sino que se venderían en lotes que no excediesen media legua cuadrada. Ese límite de unos 900 ha en un país tan extenso me sigue pareciendo razonable. (Cabe recordar que Bonifácio ya defendía la preservación obligatoria de la vegetación y la inclusión de los liberados, además de proponer la emancipación de los esclavizados).
El Homestead Act de Lincoln establecía 64 hectáreas como extensión máxima para la concesión. Sugiero estos números para recordar a los especialistas que debe pensarse en el hombre y en su capacidad de trabajo, antes que en la máquina o en el subalterno.
Otro punto crucial es la producción de alimentos. Brasil debe producir, ante todo, lo que consume: la frase “Brasil, granero del mundo” resulta una estupidez genocida. El comercio internacional de alimentos apenas mueve una pequeña fracción de lo consumido. Nosotros exportamos solo el 2 % de la carne y el 1,2 % de los cereales mundiales. Pretender influir en el hambre global es una ilusión que luego emplean para exigir los “$$$$” del Banco do Brasil, que concede créditos a intereses subsidiados para la especulación en bolsa.
Los especuladores financieros deben ser el blanco de nuestro radicalismo. Cometen fraudes con dinero público y se apropian de empresas para figurar en la lista de los mayores “salafrarios” de Forbes. Es imposible hacerse multimillonario sin recurrir a alguna forma de criminalidad. Aunque mi deseo de acabar con el capitalismo entero resulte radical para muchos, imponer ciertas restricciones es factible y necesario. Como propone el programa de la Izquierda Radical, hay que gravar el capital, pero también limitar la especulación financiera pura: hay ciudades como Singapur o Dubái que pueden acoger a quienes quieran llevarse lo que robaron, siempre que sigan pagando impuestos aquí durante algunos años.
Otro ámbito para radicalizar son las cuotas en concursos públicos. Actualmente destinamos un porcentaje para personas de raza o con discapacidad, pero como cada proceso afecta a un porcentaje pequeño, esa medida tardará décadas en traducirse en igualdad de oportunidades en la administración pública. Lo lógico sería invertir las cuotas, reservando solo una pequeña parte para los criterios actuales. Lo mismo cabe aplicar a las plazas universitarias.
Radicalicemos también eliminando los subsidios a la educación y la sanidad privadas. Que existan con sus propios recursos y asuman sus riesgos. Hoy pagamos a empresarios ricos para que ofrezcan servicios educativos o sanitarios a quienes no tienen acceso al sistema público por falta de plazas, mientras nuestras universidades públicas apenas cubren gastos básicos y el dinero fluye con facilidad hacia los dueños de esas empresas.
¿Soy radical? Ni siquiera he defendido la estatización de los bancos…
Pedro Costa. Arquitecto y escritor.
