El gobierno de Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, ha iniciado una campaña para “desmantelar” el Tribunal Penal Internacional (TPI), también conocido como Tribunal de La Haya. Esta serie de acciones fue anunciada el lunes 13 de julio por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
Según Rubio, el tribunal internacional pretende “convertirse en el árbitro incontestable de una nueva ley global”. Por esta razón, el TPI es visto como una amenaza existencial a la soberanía de Estados Unidos, pese a que el país no reconoce la jurisdicción del Tribunal de La Haya.
Sin aportar pruebas, el jefe de la diplomacia estadounidense acusó al tribunal de reclamar autoridad para detener “a militares y funcionarios estadounidenses”. Hasta la fecha, el TPI, responsable de juzgar crímenes de guerra y genocidio, no está investigando a ningún ciudadano de Estados Unidos.
De acuerdo con Rubio, Washington adoptará varias medidas para debilitar la Corte, creada en 2002 tras la firma del Estatuto de Roma.
Entre estas acciones figuran el establecimiento de contactos diplomáticos con la comunidad internacional para señalar supuestos “abusos” del TPI; solicitudes a los aliados militares de Estados Unidos para que rechacen la jurisdicción del tribunal; el escrutinio de países que se niegan a aceptar la autoridad del Tribunal de La Haya; la revocación de visados de funcionarios de la Corte y el incremento de sanciones económicas y diplomáticas.
La presión de Estados Unidos contra el Tribunal Penal Internacional comenzó a principios de 2025, tras volver Donald Trump a la presidencia del país por segunda vez. Desde el año pasado, Washington ha impuesto sanciones contra el propio TPI, jueces asociados y el fiscal general de la Corte, Karim Khan. Estas medidas son respuestas directas a la orden de detención emitida por el Tribunal de La Haya contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusado de cometer crímenes de guerra contra los palestinos en la Franja de Gaza.
Actualmente, el TPI cuenta con el reconocimiento de 123 países. Sin embargo, alrededor de 70 naciones, entre ellas Estados Unidos, Rusia, China e Israel, no aceptan la jurisdicción de la Corte internacional ni acatan sus resoluciones. Desde su creación, el Tribunal de La Haya ha emitido 11 condenas contra individuos implicados en crímenes de guerra.
El Tribunal Penal Internacional es un órgano judicial permanente con sede en La Haya (Países Bajos), encargado de juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y, desde 2018, del crimen de agresión. Fue establecido para complementar los sistemas judiciales nacionales cuando estos no puedan o no quieran procesar a los responsables de estos delitos graves. La Corte está integrada por jueces elegidos por los Estados partes, un fiscal general independiente y una Secretaría administrativa encargada de la gestión operativa.
El Estatuto de Roma, adoptado en 1998 y vigente desde 2002 tras alcanzar 60 ratificaciones, es el instrumento constitutivo del TPI. Los Estados que suscriben el Estatuto reconocen voluntariamente la jurisdicción del tribunal, comprometiéndose a cooperar en la investigación y entrega de sospechosos. Aunque Estados Unidos firmó el Estatuto en el año 2000, el Senado no lo ratificó y la administración de George W. Bush retiró formalmente la firma en 2002. Ese mismo año se aprobó en Estados Unidos la Ley de Protección de los Miembros del Servicio Estadounidense (ASPA), que autoriza sanciones contra el TPI y contempla el uso de la fuerza militar para liberar a ciudadanos estadounidenses detenidos por la Corte.
Durante el Gobierno de Barack Obama, existió cierta cooperación en casos de Liberia y Sierra Leona, pero sin ratificación del Estatuto de Roma. En su primer mandato, Donald Trump ya había impuesto sanciones en 2020 contra funcionarios de la Corte por investigaciones en Afganistán y amenazó con medidas adicionales contra quienes colaborasen con el tribunal.
Cabe distinguir al TPI de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), también con sede en La Haya, que se ocupa de resolver disputas entre Estados y no juzga a personas físicas. Desde su puesta en marcha, el Tribunal Penal Internacional ha iniciado decenas de investigaciones preliminares y ha abierto procedimientos en varios países africanos y asiáticos, si bien el número de condenas firmes es limitado debido a la complejidad de los procesos y a la necesidad de cooperación estatal.
