La Casa Blanca afronta presiones tras los tiroteos mortales de ICE (Foto: Instagram)
Este mes, dos hombres han perdido la vida tras ser tiroteados durante operativos llevados a cabo por el Servicio de Inmigración (ICE) en Estados Unidos. Ambos incidentes, en los que agentes federales de este organismo intercambiaron fuego con los presuntos implicados, han reavivado el debate sobre los protocolos de uso de la fuerza y el escrutinio público sobre las actuaciones de este organismo.
El Servicio de Inmigración (ICE) forma parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y se encarga de la aplicación de las leyes migratorias federales. Creado en 2003, ICE integra dos divisiones principales: Operaciones y Remoción de Inmigrantes (ERO, por sus siglas en inglés) y Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Mientras ERO se centra en la detención y deportación de personas que violan normas migratorias, HSI investiga delitos transfronterizos como el tráfico de personas y el contrabando.
Los protocolos de uso de la fuerza en el Servicio de Inmigración (ICE) establecen que los agentes pueden recurrir a armas de fuego únicamente cuando exista una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves para ellos mismos o para terceros. En 2019, el DHS revisó y reforzó estas directrices con el fin de mejorar la supervisión interna y reducir los incidentes letales. Sin embargo, cada caso en que se recurre a la fuerza mortal exige una investigación interna para determinar si se actuó conforme a estas normas o si hubo excesos.
Históricamente, ICE ha estado en el punto de mira de organizaciones de derechos humanos que documentan casos de uso excesivo de la fuerza y denuncian la falta de transparencia en las investigaciones. En años recientes, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han señalado varios enfrentamientos en los que, tras la muerte de personas durante redadas migratorias, los responsables del Servicio de Inmigración (ICE) fueron exonerados sin que se publicasen informes completos de los procedimientos internos.
Desde el punto de vista legal, todo acto de aplicación de la fuerza policial en Estados Unidos debe ajustarse a lo establecido en la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege contra registros y detenciones irrazonables. Cuando un operativo de ICE deriva en un tiroteo, la fiscalía federal y, en ocasiones, oficinas de derechos civiles del Departamento de Justicia pueden abrir indagaciones para esclarecer las circunstancias. El resultado de estas pesquisas puede derivar en sanciones administrativas o incluso en procesos judiciales si se prueba un uso indebido de la fuerza.
La muerte de estos dos hombres ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de mayor supervisión externa de las actividades de inmigración. Legisladores de ambos partidos en el Congreso han sugerido aumentar los informes públicos sobre los incidentes con armas de fuego y crear un ente independiente que evalúe las actuaciones del Servicio de Inmigración (ICE). Asimismo, defensores de un sistema migratorio más humano piden formación adicional para los agentes en técnicas de desescalada y en reconocimiento de situaciones de salud mental.
En el debate público se enfrentan dos necesidades: la de garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias y la de proteger los derechos y la integridad física de todas las personas, con independencia de su situación legal. La sucesión de casos en que ICE ha empleado fuerza letal subraya la urgencia de establecer mecanismos claros de rendición de cuentas y de transparencia, de modo que la sociedad conozca los criterios aplicados y se asegure el respeto a los derechos fundamentales.
