El mandatario estadounidense, Donald Trump, promulgó el jueves una orden ejecutiva que establece sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) por sus investigaciones relacionadas con Israel, un aliado estratégico de Washington.
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Tanto Estados Unidos como Israel rechazan la legitimidad del tribunal internacional. El tribunal ha generado controversia al emitir una orden de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, acusándolo de acciones contra palestinos en Gaza después del ataque de Hamas en octubre de 2023.
La respuesta militar israelí provocó la muerte de decenas de miles de palestinos, incluyendo un número significativo de niños.
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Trump argumenta que la CPI ha realizado «acciones ilegítimas e infundadas» contra Estados Unidos e Israel, acusando al tribunal de abusar de su poder al emitir órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant.
La orden presidencial enfatiza que la CPI carece de jurisdicción sobre ambos países y ha establecido un «precedente peligroso» con sus actuaciones.
El decreto se produce durante la visita de Netanyahu a Washington, donde se reunió con Trump en la Casa Blanca y sostuvo encuentros con legisladores en el Capitolio.
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Las sanciones contempladas incluyen bloquear propiedades, restringir movimientos y prohibir la entrada a EE.UU. de funcionarios de la CPI y sus familiares, buscando ejercer presión sobre el tribunal internacional.
Organizaciones de derechos humanos han criticado duramente la medida, argumentando que inhibe la justicia internacional y obstaculiza la investigación de posibles crímenes de guerra.
Charlie Hogle, abogado de derechos civiles, señaló que la orden representa un «ataque directo» a la responsabilidad judicial internacional y podría limitar significativamente las opciones de justicia para víctimas de conflictos.
Históricamente, Estados Unidos e Israel han manifestado su desconfianza hacia un tribunal internacional de jueces no electos, temiendo persecuciones políticas contra sus funcionarios.
